Los jueces de lo Penal de Sevilla se sumaron ayer a las voces que claman contra el caos en que, desde hace décadas, está sumida la Administración de Justicia en la capital hispalense. No es la primera vez que lo hacen y probablemente no sea la última; ni sean ellos los únicos. El argumento en esta ocasión es la inconveniente distribución y deficiente utilidad del llamado «edificio puente», al que han sido enviados en un intento —otro más— de descongestionar el hacinamiento tercermundista que sufren los órganos judiciales sevillanos.

El «edificio puente» no es otra cosa que un roto para un descosido de proporciones gigantescas: el mismo que en el pasado no fue capaz de evitar el Ministerio de Justicia y ahora la Junta no sabe cómo ni de qué manera solventar.

Cualquier argumento que no conlleve la construcción de la ansiada Ciudad de la Justicia será siempre inválido, y no sólo porque Sevilla crezca y con ella lo haga la necesidad de más y mejor dotados Juzgados, sino porque la falta de adecuación de las sedes judiciales está más cerca del timo del «tocomocho» que de una verdadera voluntad de poner freno a una situación de precariedad en la que la capital de Andalucía se ha quedado en el furgón de cola.

Mientras la Junta dota a las demás provincias de eficientes ciudades de la Justicia, en Sevilla sigue remendando las carencias como puede, aunque ello conlleve deficiencias, penurias, estrecheces y hasta indignidades para los trabajadores de la Justicia y para los ciudadanos a los que tienen que dar servicio. Y también aunque suponga un ingente gasto en alquileres de edificios, que, como el ahora denunciado por los jueces penales, no reúnen los requisitos necesarios.

Este año de 2010 era el horizonte que en su dia se marcó el anterior presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, para que Sevilla tuviera su Ciudad de la Justicia en los terrenos del Puerto. Una promesa que quedó en humo, como tantas otras anteriores.

Hoy por hoy, la Ciudad de la Justicia de Sevilla es un espejismo con el que la Junta sigue prometiendo lo que no ha sido capaz de cumplir. Y eso es algo que tiene que acabar, por el bien de todos.