A tenor de la salvaje disminución de precio por acto médico que están llevando a cabo las compañías de aseguramiento sanitario, agudizada hasta la probable destrucción del sector de atención médica al colectivo de funcionarios asistidos por sus propias mutualidades, se hace necesario exponer las siguientes consideraciones.
Estos funcionarios tienen la posibilidad de elegir atención sanitaria desde el Servicio Público de Salud o bien desde el sistema de médicos con libre ejercicio, y eligen, voluntariamente, esta segunda opción en un 85% de los casos.
Las aseguradoras médicas, tras negociación con las distintas mutualidades, ejercen una posición de fuerza casi absoluta sobre el atomizado mercado de proveedores, médicos y otros sanitarios, autónomos o microempresas, que se encuentran en una completa indefensión de sus intereses con detrimento de la calidad de los servicios que prestan a los asegurados. Evidentemente este colectivo sanitario irá cayendo poco a poco, con el cierre de sus microempresas y con el paro de personal auxiliar que ello conlleva. Serán, sin ninguna duda, las primeras víctimas de unas muertes anunciadas.
Tras esa importante mortandad en primera línea de combate, las siguientes víctimas serán los funcionarios cubiertos en su sanidad por el sistema de mutualidades, que empezarán a perder esa atención personalizada médico-paciente, corriendo como desesperados cada mes de enero para encontrar una de las cada vez más escasas aseguradoras médicas que les presten servicio y en cuyos cuadros estén los médicos que les merecen confianza. A modo ilustrativo, este año verán disminuido en un enorme porcentaje la oferta de profesionales que para el campo de las pruebas diagnósticas, por ejemplo análisis clínicos, ofrecía una conocida aseguradora, resultado de imponer unos baremos con una rebaja, sobre los actuales ya de por si muy ajustados, de aproximadamente un 50%, en una negociación de «esto son lentejas...».
Con una oferta cada vez más limitada de aseguradoras que atiendan a funcionarios, población mayoritaria de esta mal llamada «medicina privada», la situación es la punta del gran iceberg en el que puede naufragar un modo más personal y cercano de entender la relación médico-paciente.
Las siguientes víctimas de esta batalla serán las mutualidades de funcionarios, pasando a ser sustituida por los servicios autonómicos de salud, con dudosa capacidad para absorber este impacto a día de hoy, y desapareciendo el modo de atención que en la actualidad eligen los funcionarios por aplastante mayoría.
La distorsión respecto a la de otros sectores en nuestro entorno europeo es que la atención sanitaria prestada por sus mutualidades es gestionada por éstas de modo directo, sin la intermediación espuria, y a nuestro juicio, innecesaria de las aseguradoras médicas.
Entendemos que en nuestro país sería perfectamente factible este modelo, tras una razonable negociación de baremos a nivel nacional por parte de las mutualidades con el colectivo sanitario y cuantos interlocutores se considerasen válidos. Se podría confeccionar un catálogo de prestadores de servicios, entre los que los funcionarios elegirían libremente sin intermediación lucrativa en la relación médico-paciente.
¿Alguien puede dudar de que el funcionario está casi tan desamparado como el médico ante estas aseguradoras, a nuestro juicio, innecesarias y distorsionadoras del sistema? Las mutualidades, con su actual infraestructura podrían asumir, al igual que gestionan el resto de prestaciones, el pago de los servicios pactados mediante baremo nacional, eliminando un elemento superfluo y costoso, como son las aseguradoras médicas, cuyo campo natural es la venta de pólizas privadas, pero no la de generar, a poco que las mutualidades se descuiden, el fin del sistema de asistencia personalizada elegido por la mayoría de los funcionarios de este país.
Portavoz del
colectivo
Salus Nostra
