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La empresa que se hizo con el suelo niega saber que estaba pagando el ERE

La juez tiene pruebas de que la promotora pagó prejubilaciones y espera una investigación policial _ El imputado admite no haber visto limitación al alza en concursos

Otro directivo de Sando, la empresa que logró un derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla, declaró ayer ante la juez Mercedes Alaya que instruye la investigación sobre porqué se adjudicó a dicha entidad pese a que la oferta de Noga era más ventajosa. José Luis Miró, director general del área inmobiliaria de Sando, testificó ayer como imputado de delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación, fraude y exacción ilegales de funcionarios públicos y un delito societario.

El imputado admitió que, pese a que su empresa ha participado en otros concursos públicos como uno de la comunidad de Madrid, no recuerda el porcentaje de la cláusula de limitación al alza. Y pese a ello la magistrada insistió «¿No considera ilógico desde el punto de vista económico que siendo su oferta seis veces inferior a la de NOGA (5 millones con pago aplazado frente a 30 al contado) la diferencia de puntuación entre ambas sea de escasamente dos puntos y medio?». El imputado no quiso hacer valoraciones.

Durante su declaración, de casi cuatro horas. el directivo dijo que Sando pagó 987.923 euros más IVA a Mercasevilla pero que esa cantidad la consideraban «como pago a cuenta del precio final de la compraventa, como un anticipo del precio». Y que desconocía y se ha enterado por la prensa de que Mercasevilla tuviera un ERE. E insistió en que el pago de esa cantidad fue «como consecuencia del compromiso adquirido en la oferta técnica de Sanma, en la que se recogía que asumirían todos los gastos que se ocasionaran con el traslado de Mercasevilla».Y lo mismo respondió cuando la magistrada le preguntó el concepto por el cual entregó a Mercasevilla 851.657 euros.

Miró también admitió que pagó 1.080.000 euros con precio de subrogación a Larena. Una vez más las preguntas de la juez aportaron más datos que las respuestas. Alaya dijo al imputado, según el acta de la declaración, que el derecho de superficie «era prácticamente irrealizable pues era previsible para Sanma que Mercasevilla por sus graves dificultades económicas no acometiera las obras de urbanización, agua, vertidos y acometida eléctrica en las parcelas al igual que había ocurrido con Larena». También aseguró que de construirse las naves «tendrían que ser demolidas en corto espacio de tiempo porque ya se conocía cuando se otorga la escritura de subrogación del derecho de su perficie que el nuevo PGOU que se aprobó en 2006 preveía el uso de esos terrenos como residencial y no terciario».

El imputado dijo que las preguntas de la magistrada «no son correctas» porque, según declaró, las obras de urbanización ya se habían concluido y el PGOU «tenía una aprobación provisional» y por su experiencia sabía que hay planes generales que «tardan años en aprobarse».

También admitió que él fue la persona que realizó la negociaciones mientras que por parte de Mercasevilla la persona con la que mantuvo relaciones fue con Fernando Mellet, ex director de Mercasevilla y también imputado. Igualmente le presentaron a Ponce pero no recuerda que estuviera en las reuniones. El imputado negó que Sanma tuviera preparada la oferta con antelación al concurso y dijo que planean ejercer acciones legales sobre el derecho de superficie.

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