En la última encuesta del CIS un 74 por ciento de los jóvenes mostraban un abierto rechazo tanto a los políticos del Gobierno como a los de la Oposición. Otro informe estadístico reciente divulgado por varios medios de comunicación revelaba que la clase política se ha convertido, después del paro y antes del terrorismo y la vivienda, en el segundo motivo principal de preocupación de los españoles. Llueve sobre mojado. El desprecio por la clase política se ha convertido ya, de facto, en un nuevo axioma del populismo que comienza a invadir el pensamiento de amplios sectores de la población. El fenómeno supone la irrupción de un factor de riesgo gravísimo para el sistema democrático. Detrás de la descalificación de la casta de los políticos profesionales, con razón o sin ella, vendrá el cuestionamiento del propio sistema democrático y la vindicación de las ideologías totalitarias de izquierdas y de derechas que pretenden socavar las bases mismas de la convivencia en libertad. El asunto es lo suficientemente grave para que los responsables políticos de uno y otro signo se den por aludidos y redoblen sus esfuerzos por recuperar aquello que dio en llamarse «normalidad democrática», que no era otra cosa que el respeto por la reglas del juego en un escenario en el que los ciudadanos contaban con todas las garantías para ejercer libremente sus derechos y cumplir sus deberes.

La mayor parte de la culpa de esta situación que amenaza la base misma de la democracia la tienen los propios políticos. El control de los aparatos burocráticos de los partidos, que, como dice José María Carrascal, ha convertido la democracia en una partitocracia; la tolerancia ante los casos de corrupción propios y la denuncia, a veces sin pruebas, de los ajenos; la consolidación de privilegios y sinecuras de las que no goza la mayoría de la población; y, sobre todo, la profesionalización de la actividad política que ha devenido en la creación de una casta que está en muchos casos desconectada de los problemas reales de la calle, constituyen una de las principales causas, aunque no la única, de este descrédito.

Sería de interés general que el cuestionamiento generalizado de la clase política fuera atajado de raíz por quienes tienen la potestad de arbitrar medidas para hacerlo posible. No me refiero sólo a las listas abiertas, a la igualdad de oportunidades, al escrupuloso respeto por las normas más elementales de convivencia o a la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Me refiero a la ejemplaridad ante la corrupción flagrante. En concreto estoy hablando del caso Mercasevilla, un caso de libro donde toda corruptela tiene su asiento. No es posible creer en la honestidad de quienes hostigan, entorpecen y dificultan la labor de una juez, Mercedes Alaya, que trata a contracorriente de delimitar las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir dirigentes del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía en la trama de Mercasevilla. O se aclara lo que ocurrió o se habrá dado un paso más en la peligrosa senda del descrédito de los políticos. Y, ojo. Probablemente la mayor injusticia es decir que todos los políticos son iguales. Pues eso, que lo demuestren.

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