«La nueva ley pretende, entre otros objetivos, atraer y retener talento, y para ello ofrece una carrera profesional estable, predecible, basada en méritos y reconocible socialmente», afirma la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, sobre la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, cuyo anteproyecto será previsiblemente aprobado por el Consejo de Ministros el próximo día 12.

—La nueva ley llega tras la polémica suscitada por los supuestos recortes sufridos por su Ministerio...

—En el Ministerio hemos tenido un ajuste, no elevados recortes como se ha dicho. Los Organismos Públicos de Investigación (OPI) han podido asumir ese ajuste por los remanentes de que disponían, pero «están garantizados todos los programas en marcha así como los convocados para 2010. El presupuesto es el mejor que podemos tener.

—Con todo, el texto llega en un momento de crisis económica, ¿cuenta con garantías de financiación?

—Con esta propuesta, el Gobierno intenta que tenga el menor impacto económico posible. La Ley crea la Agencia Estatal de Investigación, que será un agente de financiación y gestión de los programas y distribuirá los recursos de acuerdo al principio de mérito científico o técnico. La Agencia reducirá la burocracia y será un sistema mucho más eficiente.

—Esta es una ley muy esperada, ¿qué supone frente a la que sustituirá, vigente desde el año 1986?

—La ley incide sobre viejos estigmas como precariedad, endogamia y falta de conexión entre el sector público y el privado.

—¿Qué les ha llevado a afrontar el cambio?

—Cuatro son las realidades que nos han obligado a promover una normativa adaptada a los tiempos. Así el desarrollo autonómico, la creciente dimensión europea, el salto cualitativo y cuantitativo en los recursos públicos para ciencia e investigación y la consolidación de una comunidad científica profesionalizada, competitiva y abierta al mundo orientan el cambio.

—Con este planteamiento, ¿habrá unas líneas básicas?

—Así es. En el centro de la ley están las personas y, por esta razón, se enfoca a facilitar el trabajo de toda la comunidad científica. Además, destacan medidas dirigidas a hacer efectiva la igualdad de género, a reconocer los derechos de los jóvenes investigadores, a comprometerse con la difusión universal del conocimiento e incorporar al desarrollo la dimensión ética o el concepto de cooperación científica y tecnológica.

—Precisamente, los jóvenes investigadores han denunciado con frecuencia su precariedad...

—Somos conscientes de esas quejas y en el diseño de la nueva ley las hemos tenido en cuenta. Vamos a ser pioneros en Europa en cuanto a la defensa de los derechos de los jóvenes investigadores.

—¿De qué manera?

—La ley promueve una carrera científica para atraer a jóvenes y retener talentos.

—¿Cómo discurre esa carrera?

—Se sustituyen las becas para los más jóvenes, las predoctorales, por contratos con todas las prestaciones sociales. Se crea también un contrato fijo que sustituye a los temporales de los programas Ramón y Cajal o Juan de la Cierva. Y para captar talentos nacionales y extranjeros, se crea el contrato especial de investigador distinguido. Los contratos se aplican tanto a las universidades como a los centros públicos de investigación.

—Hablemos del nuevo contrato fijo...

—Está destinado a personal investigador con título de doctor y su duración es indefinida y a tiempo completo. La actividad del investigador será evaluada al finalizar el tercer año de contrato. Si la evaluación es negativa, deberá repetirse antes de finalizar el quinto año. Si la segunda también es negativa, se extinguirá el contrato. Este modelo podríamos considerarlo semejante al MIR.

—¿Y si los contratados quieren ser funcionarios?

—Podrán hacerlo, ya que la ley contempla esa posibilidad para quienes superen las evaluaciones correspondientes.

— Otro de los aspectos más perturbadores de la actual normativa es la falta de movilidad, ¿cómo se resolverá esta cuestión?

—La ley elimina la burocracia que dificulta la movilidad tanto geográfica como interdisciplinar o entre el sector público y el privado. Como ejemplo destaca la posibilidad de conceder excedencias de hasta cinco años, con reserva de la plaza inicial, para integrarse en un proyecto, ya sea en la empresa privada o en una entidad pública.

—¿Es imprescindible para un investigador un periodo de formación en el extranjero?

—Sin duda. Todos los científicos, los investigadores que se precien, deben pasar, ineludiblemente, un periodo de su formación en el extranjero. No puede ser obligatorio, pero de hecho la trayectoria internacional es una condición inexcusable para todos.

—Su Ministerio perdió hace casi un año las competencias universitarias, ¿qué ha supuesto esta decisión?

—Comparto la decisión del presidente del Gobierno de centrar la educación en un solo Departamento. No obstante, para Ciencia las universidades son fundamentales porque mantenemos las competencias para impulsar en ellas la investigación y la transferencia de conocimiento. Y debo decir que las relaciones entre ambos Ministerios son excelentes.

—¿Cómo queda establecida la vinculación entre los investigadores de los Organismos Públicos de Investigación y la Universidad?

—Los profesores de investigación de los Organismos Públicos se asimilan a los catedráticos de Universidad y los investigadores científicos y los científicos titulares a los profesores titulares.

—En algunos ámbitos se duda del papel del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en esta nueva etapa...

—El CSIC no tendrá ningún papel específico. Es un OPI más que, en todo caso, se beneficiará de una mayor movilidad entre organismos.

- ¿Qué aspectos destacan en relación con la iniciativa privada?

—El texto quiere intensificar su participación en actividades de I+D+i a través del mecenazgo y de la inversión.