Las reacciones a la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo fueron ayer múltiples, desde todos los flancos políticos. Especial relevancia presenta la del PSOE —partido del que formaba parte el principal condenado, José Marín, y que gobernaba la capital hispalense en el momento de los hechos—, que valoró la condena desde la dirección provincial y también desde el grupo municipal. El PSOE sevillano recordó en una nota que «ya asumió responsabilidades políticas» en el caso de las facturas falsas pagadas por el Distrito Macarena, insistiendo en que «queda desmontada y desacreditada la existencia de trama alguna». O sea, que el asunto se limitó a la actuación exclusiva de los dos condenados. La habitual estrategia del cortafuegos.

Así, los socialistas recordaron que se pagó «políticamente» con la dimisión del delegado del distrito, José Antonio García, y «las bajas voluntarias de militancia solicitadas tanto por García como por Marín. Después, García fue absuelto, con lo «quedó clara la no participación en el caso de ningún miembro socialista de la corporación municipal», según este partido. «Queda desmontada y desacreditada la existencia de trama alguna», indicó el PSOE, que lamentó que el PP se haya «erigido en juez y parte de cuantas denuncias ha presentado ante los órganos judiciales, en la mayoría de los casos le han resultado negativas». Pase lo que pase, el PP...

El grupo municipal socialista también utilizó argumentos de ese estilo al analizar la sentencia, resaltando que prueba que «ni el entonces edil del distrito Macarena, José Antonio García, ni ningún otro representante institucional del Consistorio tuvieron ninguna responsabilidad», descartando al tiempo, una «trama de financiación ilegal» con el dinero pagado por las obras no hechas.

Esta resolución, según los socialistas, pone de relieve que «ni José Antonio García ni ningún otro representante institucional del Consistorio tuvieron ninguna responsabilidad o conocimiento sobre los hechos condenados», asegurando, con una sorprendente tesis, que fue el propio alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, «el que denunció los hechos y el PSOE asumió las responsabilidades políticas derivadas de este caso con la dimisión del entonces concejal del distrito, José Antonio García, hoy ya definitivamente exculpado de cualquier participación en los hechos». Olvidó el PSOE un pequeño matiz: el que denunció el caso fue el Partido Andalucista. El alcalde, como ha hecho ahora en el «caso Mercasevilla», se sumó después, una vez destapado el escándalo, obligado por las circunstancias.

La oposición pide cabezas

Desde el PA, formación que denunció públicamente los hechos, la candidata a la alcaldía de Sevilla, Pilar González, celebró que el Tribunal Supremo (TS) y reclamó la dimisión del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, por estar «manchado por la corrupción hasta las cejas». González ensalzó el «orgullo» de su partido por el servicio prestado a los ciudadanos al «no cesar en la búsqueda de la verdad y la justicia hasta el final del juicio de las facturas falsas». «Dijimos que íbamos a trabajar y luchar por que los sevillanos supieran la verdad sobre lo que los socialistas estaban haciendo en el distrito Macarena. Nos negamos al pacto que nos ofrecieron los abogados de Pardo y Marín para cerrar el caso sin llegar hasta el final y no retiramos nuestra denuncia para que el juicio se celebrara, se aclararan los hechos y se sacara a la luz toda la verdad», señaló. La andalucista, además, criticó al PP, indicando que «fue a los juzgados a hacerse la foto para ganarse los votos en las elecciones municipales», pero «el que de verdad trabajó con esto fue el PA».

El PP, por su lado, exigió al PSOE «responsabilidades políticas» tras «la primera condena firme por corrupción» en el Consistorio. El concejal Gregorio Serrano destacó que Marín «era un estrecho colaborador de Monteseirín en el distrito más importante electoralmente de Sevilla para el PSOE, el alcalde sabía muy bien a quién ponía en ese distrito». Planteó el PP si el PSOE «sigue considerando que fue un error administrativo, que la trama de corrupción en el Distrito Macarena era un error administrativo».