El Tribunal Supremo no ha dejado lugar a dudas: José Marín y José Pardo cometieron los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. En otras palabras: el que fuera asesor de Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde de Sevilla, y el empresario que en su día fue su escolta se lucraron con el dinero público a través de las facturas falsas que destaparon el conocido como «caso Macarena». La sentencia, conocida ayer, viene a ratificar los fallos de las instancias inmediatamente anteriores y certifica con rotundidad la existencia de un flagrante caso de corrupción en el seno de las instituciones municipales sevillanas. Pues no hay que olvidar que Marín era en 2003, cuando se produjo el delito, el secretario del Distrito Macarena, y que como tal firmaba los cheques que luego cobraba Pardo.

Los hechos son tozudos, pero no más que el propio Partido Socialista, que ayer no escatimó tiempo en sacudirse de encima cualquier responsabilidad apelando a que ni el entonces concejal del distrito Macarena, José Antonio García, ni otro «representante institucional» del Ayuntamiento han sido condenados en esta causa.

Para el PSOE, que ni Marín ni Pardo tuvieran consideración de «representantes institucionales» parece ser suficiente para echar toneladas de tierra —la que no se utilizó en las obras que nunca se hicieron— al primer caso claro de corrupción que salpica al Ayuntamiento presidido por Alfredo Sánchez Monteseirín. Y, como ya viene siendo costumbre, y al «caso Mercasevilla» habría que remitirse, el grupo municipal socialista corre a justificar al alcalde asegurando que fue él quien denunció los hechos. Craso caso de amnesia política, pues no fue sino el Partido Andalucista el que destapó el escándalo, aunque luego, en plena vorágine y viendo la que se avecinaba, Sánchez Monteseirín se subiera al carro de las denuncias en un intento de huida hacia adelante para evitar las inevitables salpicaduras.

El Supremo ha marcado ahora la pauta de lo que puede ser el final de otros casos similares y sólo la ejecución de la sentencia, o sea, la prisión de los condenados, puede evitar nuevas sombras y asegurar que la Justicia ha dado el primer aviso a la corrupción municipal.