La declaración como testigo ante la juez del «caso Mercasevilla» del dueño de la empresa Larena 98 —que poseía el derecho de superficie de los terrenos del mercado central hasta que Sando logró la subrogación—, Antonio Pardal, respondió ayer a las expectativas tras el impacto que produjeron sus afirmaciones a la Policía Judicial. Ante Mercedes Alaya, el máximo accionista de esta compañía ratificó lo dicho a los agentes, que recibió «presiones de Mercasevilla», controlada por el Ayuntamiento, para que resolviera el contrato sobre el derecho de superficie firmado en octubre de 2003, ya que existía una entidad —Sanma, filial de Sando— que estaba esperando a subrogarse en dicho derecho. La juez investiga ahora el concurso del total de los suelos, y que considera «fraudulento», que luego ganó Sando gracias a una cláusula que puntuaba precisamente tener ese derecho previo.

Según consta en su acta de declaración, a la que ABC tuvo acceso y que se prolongó durante más de cinco horas, Pardal suscribió su testimonio ante la Policía y narró que, tras firmar el contrato de derecho de superficie y realizar los proyectos para la construcción de una serie de naves industriales, la Gerencia de Urbanismo le comunicó que estos proyectos «no eran viables», ya que los terrenos del mercado iban a adquirir un uso residencial, a lo que se añadía que en las instalaciones no había acometida eléctrica. Ante esta situación, tras ello, se puso en contacto con los imputados Fernando Mellet y Daniel Ponce, entonces directores de «Merca», quienes le dijeron que «ese problema podía tener solución», insistiéndole en que «no dejara de pagar el canon de locación mensual» y animándole a que «empezara a construir aunque fuera sin licencia», por lo que, ante esta situación, se reunió con el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, para comunicarle el mensaje de Urbanismo, mostrando éste su «desconocimiento» sobre la nueva calificación de los terrenos.

Pardal precisó que Monteseirín, en otra reunión, le dijo que «no podía hacerse nada», comprometiéndose a realizarle «determinados ofrecimientos para compensar el dinero invertido por parte de Larena y los errores cometidos por parte de Mercasevilla y de la Administración». Añadió el responsable de Larena 98 que el regidor «ya era conocedor de que en dicho lugar no se podían construir las naves» y que con Monteseirín mantuvo hasta cuatro reuniones, «una primera en la que el alcalde no sabía de los problemas con el contrato; una segunda en la que volvió a exponerle los problemas relativos a las licencias urbanísticas, cuando el alcalde seguía sin conocer la situación, comprometiéndose a investigarla, una tercera en la que el regidor admitió que no había posibilidad de concederla las licencias pero que no se preocupara, porque de alguna manera se iba a arreglar; y una última en la que le planteó que iba a formular una demanda contra Mercasevilla».

Hasta una ITV

Según dijo a la juez, tras la tercera reunión fue cuando Mellet, Ponce y un alto cargo de la Junta de Andalucía —según expuso en su día a este periódico, se trataba de el director de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero— le propusieron la concesión de una ITV a instalar en esos terrenos, solución que a Pardal le pareció que «tenía que estudiar», por lo que Mellet y Ponce realizaron los informes sobre la viabilidad del negocio, unos informes que le generaron unos gastos de 800.000 pesetas.

También dijo que, seis meses antes de la subrogación de Sando, Mellet le manifestó que «la única solución» era comprar los terrenos, ofrecimiento que declinó ya que su empresa «no se dedica a construir viviendas», y posteriormente tuvo una reunión con el actual consejero delegado de Emasesa y entonces gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, quien «le ofreció participar en diferentes concursos de viviendas protegidas y locales, y aunque no se le dijo expresamente que los concursos le serían adjudicados, así lo entendió implícitamente, ya que de otro modo no se entendía que se le citase personalmente a recoger los impresos del concurso» en cuestión.

Además, también afirmó que, antes de la reunión con Marchena, se reunió en un restaurante con Mellet, Ponce y un hombre que fue presentado por estos últimos «como la mano derecha del alcalde», el cual «le dijo que le podía dar el contrato de mantenimiento de Vía Pública de Sevilla varios años y que se había presupuestado en 200 millones de pesetas», oferta que declinó «inmediatamente».

Según aseguró en su día a este periódico el propio Pardal, esa «mano derecha del alcalde» era Domingo Enrique Castaño, entonces director de Vía Pública, ex asesor de Monteseirín, consejero de Mercasevilla y uno de los imputados por ese asunto de la venta de suelos. Tras esta operación, Castaño, al que la Policía considera el «cerebro» de la operación junto a Mellet, fichó precisamente por Sando. En el turno de preguntas de ayer del PP, los letrados de este partido pidieron mostrarle al interrogado varias fotografías tanto de Castaño como de Guerrero —el alto cargo de la Junta señalado por ofrecer una ITV— pero la instructora rechazó ese procedimiento alegando que se trata de un tipo de pesquisa que debe realizar la Policía, no el juzgado. Así, Pardal se limitó a dar una descripción física y de la forma de comportarse de ambos —coincidente con la de las personas señaladas en su día en ABC—, por lo que, al no ser taxativo en ese aspecto, la juez está estudiando pedir de nuevo a la Policía que interrogue a Pardal y que le exponga fotografías de los señalados.

Pardal aclaró que los «ofrecimientos» —ITV, VPO...— fueron anteriores a la cuarta reunión con el alcalde, indicando que todos los interlocutores le dijeron «que los ofrecimientos estaban respaldados» por Monteseirín.