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La Junta inspecciona y expedienta al puerto deportivo de Isla Canela

ABC Felipe Gayoso

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas, ha expedientado al puerto deportivo Marina de Isla Canela e Ayamonte (Huelva), al tiempo que prevé llevar a cabo una inspección en las instalaciones, de la que podría derivarse otra medida similar.

Ambas actuaciones responden a las denuncias efectuadas por un usuario, el abogado Felipe Gayoso, expulsado de su atraque tras criticar los «precios abusivos». Gayoso cuenta con el amparo del Defensor del Pueblo Andaluz y ahora está recabando la información necesaria para presentar una queja ante el Parlamento Europeo por la lesión de sus derechos como consumidor.

Según han informado a ABC fuentes de la APPA, el primer expediente sancionador, por una infracción leve, se incoó tras las quejas efectuadas por el usuario, que se sintió «represaliado» por denunciar, como portavoz de la Asociación de Navegantes y Usuarios Marina de Isla Canela (Anumic) una serie de presuntas irregularidades en las tarifas.

Después de que cumpliera su contrato de alquiler para el barco de su propiedad, los responsables del puerto deportivo rechazaron la renovación del permiso argumentando supuestos incumplimientos de la normativa de las instalaciones.

Informe

Otro paso que dio Felipe Gayoso fue recurrir al Defensor del Pueblo, institución que ha emitido un informe, en el que da amparo al afectado y conmina a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía a adoptar varias medidas, que efectivamente, aseguró APPA a este periódico, se van a llevar a efecto.

Una de ellas es que se tramite «con la mayor celeridad posible un procedimiento sancionador» por cobro indebido, y que se incoe otro por el incumplimiento de los preceptos del Reglamento de Explotación de Tarifas y la concesión o traspaso de derechos sobre elementos integrantes de la concesión.

Además, se requiere al puerto la devolución de oficio de todas las cantidades indebidamente cobradas a los usuarios como consecuencia de la aplicación a los mismos de tarifas que no han sido debidamente autorizadas.

En paralelo, Felipe Gayoso mantiene un contencioso judicial contra la dirección del puerto de Isla Canela, por presuntas coacciones, al tiempo que reclama volver a poder utilizar el atraque para su embarcación, que desde hace meses se encuentra «en dique seco» y sufriendo un progresivo deterioro.

Al respecto, la Agencia Público de Puertos de Andalucía sostiene que no puede intervenir, al tratarse de una cuestión de Derecho privado que habrán de dilucidar los Tribunales de Justicia.

En declaraciones a ABC, Felipe Gayoso se muestra satisfecho por la actuación del Defensor del Pueblo y lamenta que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía haya tardado tanto tiempo en reaccionar, teniendo en cuenta que su primera denuncia data de mayo del pasado año, cuando surgió el conflicto.

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