El Ayuntamiento dejó de tramitar centenares de multas a ciudadanos que incumplieron la Ley Antibotellón entre los meses de mayo y octubre del pasado año. Así lo ha comunicado hace unos días Sppime, sindicato de la Policía Local, a la Fiscalía de Sevilla ante la posibilidad de que esta falta de diligencia administrativa suponga algún tipo de responsabilidad.

Según explicaron a ABC fuentes sindicales, hasta el pasado mes de marzo las sanciones por incumplimiento de la Ley que prohíbe las concentraciones para beber al aire libre excepto en los lugares habilitados para ello dependían del negociado de Sanciones, el mismo que tramita las multas de tráfico, pero a partir de ese mes hubo un cambio de competencias en el Gobierno municipal y pasaron a ser gestionadas por la Delegación de Movilidad.

En teoría nada tenía que cambiar. Los policías siguieron cumpliendo con su deber y sancionando a aquellos que incumplían alguno de los preceptos de la Ley que prohibe beber en la calle. Unos meses después las multas volvieron de nuevo al negociado de Sanciones dependiente de Convivencia. Sólo era una cuestión de tipo administrativo, pero hace unas semanas al Sppime conoció que todas las multas que habían impuesto en esos ocho meses —durante los fines de semanas pueden alcanzar las cincuenta cada día—, no habían sido tramitadas por el Ayuntamiento. Es decir, las sanciones no se han comunicado a los denunciados y además habrían caducado.

Al parecer, el problema se habría producido porque Movilidad no habría cumplido con el preceptivo nombramiento de instructor y secretario para la tramitación de las sanciones: cuando un policía local multa a alguien, el siguiente paso es la apertura de un expediente por parte del instructor y el secretario tiene que dar fe de que ese se lleva a cabo conforme a la legalidad. Si no hay instructor ni secretario no se pueden tramitar las sanciones y, con ello, éstas no se comunican a los sancionados en los plazos señalados, por lo que caducan. Con ello el Ayuntamiento no sólo deja de cobrar una cantidad importante en estos tiempos de carencias para las arcas municipales sino que además deja en mal lugar a los agentes que han cumplido con su obligación al imponer la sanción a quien incumple la ley y éste se libra de cualquier castigo por no respetarla.

El número de sanciones que han dejado de tramitarse por esta falta de diligencia municipal se desconoce, pero el Sppime señala que los fines de semana por incumplimiento de la Ley Antibotellón pueden superar fácilmente el centenar, lo que haría que el número de multas impuestas y no tramitadas en esos ocho meses superase las tres mil. De hecho, si tenemos en cuenta los datos de sanciones impuestas por la ley antibotellón en 2008 y facilitados por el mismo Ayuntamiento , sólo en octubre de ese año se llegaron a imponer 479 sanciones. Dado que las multas por incumplir esta ley pueden alcanzar los 300 euros, la pérdida de ingresos para el Ayuntamiento habrá sido importante.

Ante esta situación, y dada la responsabilidad que tiene el Ayuntamiento de tramitar las sanciones, los policías locales han puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía para curarse en salud de posibles responsabilidades.Sppime no sabe aún si desde que esas multas volvieron a Sanciones la situación se ha normalizado.

No es la primera vez que la pasividad municipal a la hora de aplicar la Ley Antibotellón sale la palestra. En 2007, a los pocos meses de aprobar la Junta la nueva norma —entró en vigor en noviembre de 2006—, la Plataforma por el Derecho al Descanso denunció que la dejación de funciones del Ayuntamiento estaba haciendo que estas concentraciones proliferasen aún por la ciudad y especialmente en la Alameda, donde, sólo tras muchas denuncias vecinales, la Corporación decidió actuar activamente contra quienes se concentraban allí hasta altas horas de la madrugada.