Las deudas acosan al Ayuntamiento, que no es capaz de aprobar el Presupuesto para este año. El Grupo municipal del PP cifró ayer en 700 millones el endeudamiento que arrastra el Gobierno local, pues a una deuda reconocida por el Banco de España de 522 millones de euros, los populares suman el lastre que aportan las empresas municipales —Emasesa y Emvisesa— y los pagos pendientes a proveedores.

Esta es la esencia de la radiografía económico-financiera que el Partido Popular presentó ayer, dentro del plan de trabajo que ha llamado «Agenda del Pacto por la Economía y el Empleo en Sevilla», en el que propone 57 medidas concretas a realizar en seis campos de actuación.

Se trata de una «hoja de ruta», en palabras del portavoz de la oposición, Juan Ignacio Zoido, quien subrayó el paro como principal preocupación de los sevillanos y destacó la incapacidad del Gobierno de coalición PSOE-IU para aprobar los Presupuestos de este año, pues aún ni siquiera se ha aprobado en Pleno la liquidación de las cuentas de 2009. A partir del desequilibrio de 87 millones de euros registrados en las arcas municipales en 2008, y tras confesar que no espera mejores resultados al cierre de 2009, el líder del PP urgió al Ayuntamiento a realizar el plan económico-financiero «al que obliga la ley y que debería haberse aprobado por el Pleno hace ya cinco meses, porque sin la aprobación de ese documento no es posible la elaboración del Presupuesto de 2010», necesario a su vez para realizar las inversiones correspondientes a este ejercicio.

La oposición acusó al Ayuntamiento de intentar «virguerías financieras carentes de rigor», al referirse a la inclusión de una partida inexistente por la venta del Mercado del Arenal, que no se ha realizado, y temiendo que haga lo mismo con el edificio de La Gavidia a fin de «inflar de manera fictícia el Presupuesto».

Frente a esta forma de actuar, Zoido informó que el PP propone realizar en un plazo máximo de seis meses un plan de saneamiento de la deuda viva «pero bien, con ganas de pagarla, no como se ha hecho hasta ahora que se ha refinanciado la deuda pero sin pagar, poniendo como fecha de comienzo del pago 2011, cuando ellos ya no estarán», en alusión a las próximas elecciones municipales. Como actuación complementaria agregó que se contabilizarán y abonarán los pagos pendientes a proveedores, aunque reconoció que «no sabemos lo que se adeuda por este concepto». Además, el PP sólo aceptará reconocimientos de créditos de forma excepcional, las fundaciones tendrán naturaleza pública y estarán sometidas al control contable y financiero de la Intervención General del Ayuntamiento.

Después del plato fuerte del análisis económico-financiero, en el resto de los apartados de la Agenda del Pacto por la Economía, se mezclan algunas medidas nuevas con iniciativas y peticiones ya realizadas por el PP en anteriores ocasiones.

En el terreno fiscal el objetivo básico es bajar los tributos municipales y apoyar la creación de empleo ayudando a los comercios y pequeñas empresas. Para ello se plantea eliminar algunas tasas y reducir otras, como el IBI, el Impuesto de Actividades Económicas o la licencia de apertura, además de un programa de incentivos fiscales y bonificaciones para empresas y comercios afectados por el desarrollo de las obras.

La propuesta del PP trata de implicar a los agentes económicos y sociales «para propiciar un vuelco del paro al empleo». En esta vía propone, entre otras medidas, la ampliación de la red pública de escuelas infantiles y guarderías, una ventanilla empresarial que aúne a todas las que existen en la ciudad, convenios dirigidos a jóvenes universitarios y el traslado a los distritos de los mediadores de empleo. En la línea de apoyo a los emprendedores, la Agenda recoge la mejora de los polígonos y parques empresariales, incluida la Isla de la Cartuja, crear una oficina de atención al inversor, así como el desarrollo de los suelos destinados por el PGOU a la implantación de industrias, proporcionando toda la ayuda institucional posible al crecimiento industrial, entre otras medidas. Hay un apartado específico dedicado al comercio, en el que se anuncian cuestiones como: un plan de accesibilidad al Casco Histórico, la mejora de los entornos comerciales, implantación de actividades alternativas de venta y para la atracción de clientes, líneas de ayudas para propiciar el relevo generacional y la mejora de la imagen corporativa.

Para impulsar el sector turístico, fundamental para la ciudad, según Zoido, el PP junto a otras medidas sugiere: potenciar las unidades de Policía, crear una Oficina público-privada de promoción del aeropuerto, para el que también se reclama la instalación de una plataforma logística y la conformación de un pacto por el Turismo, para lograr una mayor interconexión entre el sector privado y las administraciones y entes públicos. En cuestiones de Movilidad, el PP urge una vez más la construcción de las líneas 2, 3 y 4 del Metro, con más paradas en el Centro además de la Encarnación; más aparcamientos rotatorios en la corona del Casco Histórico y partir del consenso para la implantación de ordenanzas o realización de obras.

Los populares se proponen hacer llegar el documento a la coalición de Gobierno para propiciar ese «pacto» que recoge en el título, aunque la actitud del Grupo Socialista no parece muy receptiva, a tenor de las precisiones que hizo ayer la delegada de Hacienda, Nieves Hernández, quien acusó al Portavoz del PP de «aventurar datos inciertos y carentes de rigor» y de «ignorar profundamente la realidad económica y financiera del Ayuntamiento de Sevilla». Al plan de saneamiento de la deuda, Hernández respondió que la operación realizada por el PSOE fue catalogada de «modélica» por distintas administraciones de diferente signo político. Agregó que la deuda del Ayuntamiento de Sevilla es la menor de las grandes ciudades y que ahora se paga la deuda a proveedores en un plazo de entre cinco días y dos meses.