El tiempo va esclareciendo el escándalo de las subvenciones a entidades comunistas del continente americano aprobadas por el líder de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, en diciembre de 2008. Como desveló ABC, aquellas subvenciones no se recibieron en sus lugares de destino, lo que levantó las sospechas de la oposición de que pudiera tratarse de una trama de cooperación ideológica. Entonces Torrijos respondió que las ayudas no se conocían en sus destinos porque el dinero no había salido del Ayuntamiento. Incluso aclaró que no se librarían las cantidades correspondientes a cada uno de los proyectos hasta que su ejecución no fuera justificada. Pero la realidad era bien distinta. Torrijos estaba sostendiendo esta teoría a pesar de haber firmado un convenio de colaboración entre la Fundación DeSevilla —controlada por IU— y su Delegación de Relaciones Institucionales para concederle 990.000 euros para «proyectos de cooperación directa», en el que se especifica que «el 75 por ciento de dicho importe será abonado a la firma del presente» contrato. Si por Torrijos hubiera sido, el dinero habría salido. Pero no lo hizo. Y la razón no era que había que esperar a la justificación, sino que el interventor municipal decidió frenar ese pago porque la Fundación DeSevilla no había rendido cuentas aún de otras ayudas de cooperación directa aprobadas con anterioridad. Concretamente, la jefa de área de Cooperación, Lourdes Vidal, había hecho un informe aclarando al comunista Miguel López Adán, gerente de la citada fundación, que no estaba al corriente de sus obligaciones en la presentación de las facturas de un proyecto en Mauritania. Y eso bloqueó los polémicos proyectos de Nicaragua —investigado por el Estado nicaragüense—, Colombia —la Fiscalía sigue los pasos del receptor de la ayuda— o Cuba —donde se negó en su momento la llegada de los recursos—.

Supimos entonces que la autora del informe que provocaba esta situación, Lourdes Vidal, fue cesada de su puesto. Y posteriormente también se descubrió que en una Junta de Gobierno de julio de 2009 se aprobó, por vía de urgencia, el pago de estas ayudas a la Fundación DeSevilla, pero con una importante modificación: el plazo para la ejecución de los proyectos se prorrogaba seis meses a partir de la fecha incial de finalización, acordada para septiembre. El último día de este mes, por tanto, caduca la prórroga y la Fundación sigue sin dar cuenta del asunto. Sin embargo, ha aprobado el pago de 1.300 contenedores de basura para Cuba, que es uno de los proyectos incluidos en el convenio firmado con Torrijos.

Un año y medio después, los 990.000 euros siguen teniendo como destino las polémicas subvenciones a entidades comunistas. Ni la objeción del interventor ni la falta de justificación han cambiado la postura de Torrijos, quien, pese a mantener su postura, se aferró a la orden de la Intervención municipal de no librar la partida para argumentar que el dinero no había salido de Sevilla y acusar a los periodistas de falta de rigor en la información.

Es más, ABC ha tenido acceso a un informe jurídico que el propio Torrijos encargó en julio del año pasado para estudiar fórmulas para eludir la negativa del interventor a otorgar el dinero. Su intención en todo momento fue pagar el 75 por ciento antes de que se justificara nada. Pero su versión oficial improvisada jamás varió en sus comparecencias públicas. «El dinero no ha salido del Ayuntamiento y no saldrá hasta que los proyectos se justifiquen», dijo en reiteradas ocasiones. Otro detalle: el citado informe jurídico lo firma, casualmente, Marcos Peña, su ex jefe de gabinete y autor también del informe que justificaba los despidos en Sevilla Global, a quien el grupo municipal de IU ha concedido la gestión de un centro de artes marciales en Hytasa. Pero el interventor no dio su brazo a torcer por una cuestión fundamental: los trece proyectos subvencionados eran en realidad «contratos de suministros no justificándose la intermediación de la Fundación, ya que ésta no puede ser considerada medio propio del Ayuntamiento». Dicho en román paladino: Torrijos otorgó el dinero a un organismo externo controlado por su partido que no podía ser fiscalizado por el Ayuntamiento. Y, lo que según el interventor es definitivo, «constan en los proyectos entidades encargadas de cada uno de los proyectos, poniéndose de manifiesto que no es la Fundación la beneficiaria de la subvención». Más claro: DeSevilla es una mera intermediaria entre quien concede el dinero —Torrijos a través de Relaciones Institucionales— y el beneficiario final —el Injuve sandinista de Nicaragua, Redvivir en Colombia, la Central de Trabajadores de Cuba...—. Ante esta situación, la pregunta es evidente: ¿A quién tiene que rendir cuentas el beneficiario final, a la Fundación o al Ayuntamiento? Si DeSevilla es la encargada de repartir el juego, parece claro que el dinero deja de estar fiscalizado en las dependencias municipales en cuanto se ingresa en la cuenta de la Fundación. Pero las cosas no son tan sencillas. Según el reglamento municipal de subvenciones, Relaciones Institucionales —es decir, Torrijos— tiene que probar el gasto en estos proyectos en los tres meses posteriores a su ejecución. En junio se acaba el cuento. Si el interventor no considera correcta la justificación, la Fundación DeSevilla tendrá que devolver el dinero al Ayuntamiento. Y si la versión que el gerente de la fundación, Miguel López Adán, dio al consejo municipal de cooperación el 30 de noviembre del año pasado es cierta, el lío es descomunal para IU. López asegura que el partido ha adelantado el dinero para poder ejecutar sus trece proyectos de cooperación hasta que el Ayuntamiento libre esas cantidades.

Entretanto, Torrijos ha acusado a los periodistas y a la oposición de no tener escrúpulos con un asunto tan serio como la solidaridad. Pero es él quien lleva un año y medio esperando a que DeSevilla ingrese por fin los 990.000 euros de la discordia. Y pocas entidades tienen tantas oportunidades después de acumular tal ristra de escándalos.