La sentencia del Supremo que pone freno a la privatización de los servicios de Egmasa beneficia especialmente a los agentes de Medio Ambiente. El presidente de la asociación que los agrupa, Antonio González, considera que incluso podría aplicarse a otras empresas públicas creadas por la Junta siempre que se recurrieran los decretos en los que se atribuyeron sus funciones. González considera que la Junta, tras el fallo del Supremo, tendrá que elaborar un nuevo decreto, con una mayor especificación de los cometidos. «Lo que se ha venido haciendo hasta ahora es crear dos estructuras para ofrecer el mismo servicio, una a través de los funcionarios de la Consejería y otra con Egmasa, lo cual es una barbaridad».

El problema, explica el presidente de la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía «es que mientras nosotros, para comprar una caja de bolígrafos lo tenemos todo fiscalizado por ser Administración, en Egmasa por ser una empresa mercantil no hay tanto control para justificar el gasto. Y se han buscado esa artimaña para jugar con el dinero de los andaluces». Igualmente, criticó los reiterados intentos de la Consejería de Medio Ambiente por dejar fuera del Plan Infoca a los agentes de Medio Ambiente, cuando la responsabilidad de dirigir una operación de control de un incendio o de investigar las causas «no es de Egmasa sino nuestra o de un funcionario de carrera».