Más presuntos delitos. Más manchas para la empresa municipal de abastos y sus responsables de los últimos años. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha imputado ahora al ex director adjunto de Mercasevilla Daniel Ponce en la investigación por la venta «fraudulenta» de los suelos del mercado central a Sanma —filial de Sando— pese a contar con una oferta superior de Noga, una causa por presunto delito urbanístico que, de este modo, acumula ya once personas imputadas. En un auto fechado el 15 de marzo, al que ha tenido acceso ABC, la instructora imputa en este procedimiento al ex directivo de Mercasevilla, segundo de Fernando Mellet, y lo cita a declarar el 5 de mayo, todo ello en base a las diligencias ya practicadas, los documentos aportados hasta la fecha y las declaraciones realizadas por el resto de imputados.

Ponce ya está imputado junto a Mellet en el asunto que dio origen al caso, el de la petición de comisiones ilegales a los empresarios de La Raza para la escuela de hostelería de Mercasevilla que ya había subvencionado la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Pese a esa imputación, ahora por partida doble, el Ayuntamiento —que controla el mercado de mayoristas— acabó readmitiendo hace varias semanas al que fuera adjunto al director tras recurrir éste el despido del que fue objeto, todo un paripé municipal ya que, como el propio Juzgado indicó, no se hizo el esfuerzo suficiente por parte de Mercasevilla para aportar pruebas que justificaran su despido. Como éste se declaró improcedente, tal y como se preveía, Ponce volvió a su puesto de dirección a pesar de la imputación y de la grabación en la que dirige la conversación donde extorsionan a empresarios.

Además, esa reincorporación supone que mantiene su derecho a acogerse el mes que viene al expediente de regulación de empleo firmado en la empresa, ya que cumplirá 50 años y se le incluyó en el plan de prejubilaciones, con lo que, si el Ayuntamiento no lo remedia, podrá empezar a recibir cantidades que sumarán un millón de euros hasta que se jubile. Ahora, la nueva imputación supone un argumento más para impedirlo.

Los «ofrecimientos»

Por otro lado, en el nuevo auto acuerda el Juzgado la práctica de nuevas pruebas, como pedir a la Policía Judicial que requiera a Antonio Pardal, socio mayoritario de Larena 98, para que en cinco días aporte el estudio de viabilidad de la ITV «prometida» en los terrenos de Mercasevilla y «cualquier» otra documentación que posea sobre los «presuntos ofrecimientos» que se le realizaron para que resolviera el contrato sobre el derecho de superficie que tenía firmado con Mercasevilla desde 2003. Además, y sobre las licencias de obras solicitadas por esta entidad, la juez acordó requerir a Pardal para que aporte «cuanta documentación posea» sobre las solicitudes de dichas licencias para la construcción de las naves industriales en los terrenos sobre los que ejercitaba el derecho de superficie, así como que acredite «documentalmente» las cantidades abonadas a «Merca».

En esta línea, la instructora solicita a la Policía Judicial que, en virtud de la declaración de Pardal —en la que aseguró que el actual consejero delegado de Emasesa y ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, le «ofreció participar en diferentes concursos de viviendas de VPO y de locales libres»—, se informe al Juzgado sobre cuáles eran esas promociones de VPO «que se estaban tramitando» en la fecha del encuentro con Marchena. Se pide a la Gerencia, además, que remita «copia íntegra» de los expedientes tramitados por las solicitudes de licencias para construir las naves en las parcelas de Mercasevilla sobre las que Larena 98 tenía el derecho de superficie.

Por otro lado, solicita el borrador de pliego de condiciones «distinto» del concurso de suelo que la imputada Victoria Bustamante aportó a la Policía Judicial, al que hizo referencia durante su declaración el jefe de la Policía Judicial, pidiendo también la juez las direcciones de los correos electrónicos aludidos por éste, así como la historia registral de las empresas que se presentaron al concurso.

Por otra parte, Alaya reclama a la Policía que identifique a Francisco Javier Guerrero Benítez como el director general de la Junta de Andalucía que, según Pardal, le habría ofrecido la concesión de una ITV. La juez, además, ha identificado al ex secretario del distrito Macarena José Marín —condenado por las facturas falsas del «caso Macarena»— como la persona aludida también por el dueño de Larena 98 cuando le solicitaron que patrocinara al equipo de hockey Patín Macarena, aportando también la Policía un escrito con la declaración del presidente del club, Andrés Luis Gullón. Éste asegura en la misma que el dinero aportado por Pardal ascendió a 6.000 euros, cantidad que se ingresó en la cuenta del club el día 29 de septiembre de 2004 en concepto de patrocinio, pasando a denominarse «Larena Distrito Macarena».