La sentencia del Tribunal Supremo que anula el decreto por el que la Junta delegó en Egmasa, una empresa pública, labores que corresponden a los funcionarios de carrera hasta conformar, según se ha denunciado, una Administración paralela, ha sido minimizada por la Consejería de Medio Ambiente. PP, IU y el sindicato CSIF, que impulsó el litigio, no comparten esta valoración.

En un comunicado, la Consejería consideró que la sentencia del Supremo sobre el recurso planteado por CSIF sobre el Decreto 117/1998 de la Junta de Andalucía que modificó los estatutos de Egmasa alude «sólo a un defecto de forma» en la elaboración de esta norma por no dar audiencia al sindicato, pero «no declara que la empresa pública haya asumido tareas propias de la Administración y haya actuado como autoridad pública».

Invocación genérica

Según indicó, la sentencia señala «literalmente» que el sindicato recurrente «no llega a concretar, ni menos aún a probar, al menos de forma indiciaria, cuáles son esos riesgos de privatización de la Administración que preconiza, de manera que sus alegaciones no dejan de ser una simple invocación genérica al riesgo de fuga o huida del Derecho Administrativo».

Según la Consejería de Medio Ambiente, la sentencia «no tiene efectos prácticos de relevancia» ya que la nulidad de esta norma «devuelve a la situación legal originaria», correspondiente al objeto social recogido por el Decreto 17/1989, según el cual corresponde a Egmasa, como sociedad mercantil instrumental, la realización de todos aquellos trabajos y actividades relacionados con la protección, conservación o mejora del medio ambiente, así como cualquier otra actividad que sea presupuesto, complemento, desarrollo o consecuencia de lo anterior.

En nombre del PSOE, su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, se limitó a señalar que las sentencias judiciales están para cumplirlas. «Si se ha producido esa sentencia no hay que entrar a valorarla ni a favor ni en contra, sino que las sentencias judiciales están para cumplirlas», señaló.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, aseguró ayer que la decisión del Supremo quita «cualquier aval jurídico a la construcción sobre esta empresa de ese aparato paralelo a la Junta que, además, compite deslealmente con las empresas privadas».

Arenas indicó que existe un sector público en su mayoría construido para huir de los controles administrativos de la Junta, del derecho administrativo y para huir de la publicidad, «que nos cuesta a los andaluces 5.000 millones de euros al año».

De otro lado, el coordinador regional de IU, Diego Valderas, anunció que su formación ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de los consejeros de Medio Ambiente y de Agricultura y Pesca, José Juan Díaz Trillo y Clara Aguilera, para que expliquen las consecuencia de la sentencia. Valderas recordó que IU fue la primera fuerza política en decir que «se estaban haciendo las cosas mal».

Mientras, el sindicado CSIF señaló que el fallo del Supremo supone «un correctivo a la voraz política de externalización de los servicios de la Junta y al enorme dispendio para crear una Administración paralela a costa del dinero público».

Externalizaciones

Según informó en un comunicado este sindicato, «los fundamentos jurídicos de la sentencia fallada contra la Junta ratifican los postulados de CSIF en materia de externalizaciones».

La central sindical reiteró su oposición a la privatización de servicios públicos y dejó claro que que «en ningún caso está atacando a los trabajadores de Egmasa, sino que está en contra de la atribución ilegal de funciones y potestades públicas que el Gobierno andaluz hace a trabajadores privados contra lo legalmente obligado que es que esa labor la desempeñen los empleados públicos».

Además, apuntó que la sentencia reconoce la capacidad de CSIF como sindicato más representativo en la Administración pública andaluza que la Junta «había negado hasta este momento», para recurrir normas generales siempre y cuando de ello se derive directamente una modificación en las condiciones de trabajo de empleados públicos y/o si se vulnera el derecho constitucional de participación pública.