Ante los incumplimientos reiterados de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y la inoperancia de las resoluciones judiciales que les da la razón a los arquitectos «cuando la obra ya está terminada», el Colegio sevillano que aglutina a estos profesionales, denunció ayer en rueda de prensa, para conocimiento de la opinión pública, que en la gestión de los concursos para hacer una obra pública, la Administración adjudica los proyectos de forma dirigida e interesada, o lo que es lo mismo, «a dedo».

El decano del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Ángel Díaz del Río, dijo ayer que entre 2005 y 2009 se ha hecho un seguimiento continuo de las licitaciones de entidades públicas de la provincia de Sevilla que afectan a los arquitectos y el resultado ha sido la presentación de 86 recursos de los que fueron estimados 24. De los 62 desestimados, 37 lo fueron por silencio administrativo, o sea, «que ni siquiera se molestaron en contestar». De esos 86 recursos, 48 han sido ante ayuntamientos y entidades; 23, ante la Junta de Andalucía y entidades afines y 15 ante otros organismos públicos como universidades o fundaciones.

Agotada la vía administrativa, y después de cientos de personaciones que algunas veces han sido positivas, los arquitectos se han ido a los tribunales de lo contencioso administrativo. Pero en sede judicial tampoco se logra nada. Por una parte, porque los procedimientos duran años; y, por la otra, porque, cuando le dan la razón a los arquitectos ya se han construidos los edificios o se han puesto en aplicación planes de ordenación judicialmente condenados.

Además, los arquitectos nunca han pedido la ejecución de la sentencia en contra del interés público y las suspensiones cautelares de los jueces son pocas y, cuando suceden, ha habido casos de que «la obra ya estaba terminada».

En la actualidad el Colegio tiene 10 ó 12 contenciosos en marcha, si bien el decano no precisó los que se han puesto en total y los que se han ganado. Tampoco quiso señalar a ningún ayuntamiento en cuestión, obra o plan como ejemplo flagrante de ilegalidad si bien reconoció que «con las entidades municipales se resuelven las cosas pero con la Junta de Andalucía y sus empresas públicas, no hay manera». Tras insistir en que la gran mayoría del dinero público se adjudica «a dedo» Díaz del Río enumeró las irregularidades más frecuentes que se han detectado en los concursos públicos y así citó, entre otras: la aplicación de criterios subjetivos, la contratación conjunta de proyecto y obra, la obligación de concurrir en UTE, la imprecisión de la titulación de los técnicos, la excesiva solvencia de la exigencia técnica, la incorrecta aplicación del procedimiento de urgencia, precio de licitación inferior al de mercado y plazos de presentación y ejecución excesivamente cortos.