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Los arquitectos denuncian el abuso que hace la Junta de los contratos a dedo

Los arquitectos denuncian el abuso que hace la Junta de los contratos a dedo

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos denunció ayer que en los últimos años «se ha elevado el nivel de los contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad» por parte de la Junta, hasta el punto de «abusar» de esta figura en la contratación. La modalidad negociada, tal como recordó el decano del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Ángel Díaz del Río, es «un contrato a dedo». Los contratos negociados los firma la administración para obras cuyo importe es inferior a 60.000 euros y no necesitan para su adjudicación de concurso público.

Además, la Junta, tal como ha señalado la Cámara de Cuentas de Andalucía en diversas ocasiones, ha «troceado» un contrato de mayor cuantía en varios expedientes para que no superen los 60.000 euros y así adjudicarlos de forma negociada.

Taxativamente prohibido

De estos hechos son conscientes los colegios de arquitectos, que recuerdan que la Ley lo «prohíbe taxativamente», por lo que piden a las administraciones que cumplan la Ley de contratación del sector público. Eso sí, estos organismos no pueden dar una cifra sobre los contratos negociados que firma la Junta , especialmente las empresas públicas, ya que, a pesar de haberle requerido esa información, se niegan a facilitársela.

La exigencia del cumplimiento de la Ley no sólo se centra en los contratos negociados sino también sobre el grueso de la contratación de la Junta, incluidas sus empresas públicas, aunque también se extiende a las empresas urbanísticas de los ayuntamientos. Por ello, el Consejo ha formalizado cien recursos en dos años contra las administraciones por plantear en sus contratos exigencias que bordean la ley, además de proponerle una serie de medidas para hacerla más transparente.

Dos sentencias a favor

De hecho, el presidente del Consejo Andaluz de Arquitectos, Luis Cano, hizo públicas ayer dos sentencias favorables a este organismo y en contra de dos empresas públicas de la Junta: la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) y el Ente Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE). Dos casos concretos, aunque estos procedimientos, apuntan, son generalizados en la Junta.

Ambos fallos hacen referencia a la falta de transparencia y concurrencia en la contratación, por la creación de listas cerradas de arquitectos a los que encargarles obras en años sucesivos. La Justicia ha declarado ilegales estos registros, ya que, según explicaron en el Colegio Andaluz, se convocan sin ningún tipo de publicidad e incluyen criterios, como el haber hecho obras anteriormente para la administración, que impiden concurrir a arquitectos que se incorporan al mercado de trabajo.

La baremación de estas listas cerradas tampoco es pública, por lo que los Colegios también desconocen los criterios para adjudicar las obras a unos arquitectos y no a otros . La sospecha de que estos concursos están amañados para favorecer empresas afines está sobre la mesa, aunque desde el Consejo Andaluz evitan pronunciar esta palabra.

Su presidente afirma que las administraciones recurren a estos procedimientos en aras de una mayor «eficacia», al querer resolver sus programas en «plazos muy cortos» , por lo que prima más la urgencia en los plazos que la «calidad arquitectónica».

El decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba, Manuel Moreno, se muestra más crítico y afirma que las prisas de la administración vienen de una «falta de eficacia» para programar las inversiones , lo que hace que obra de gran envergadura lleven años paradas y después la quieran concluir en un plazo muy breve.

Estas prisas son las que determinan el recurso por parte de la Junta a listados de arquitectos, declarados ilegales por la Justicia, o al procedimiento negociado, que suelen justificar las administraciones en la urgencia.

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