Arquitectos e ingenieros llevan a la Administración su defensa del visado

Una representación de 23 Colegios Oficiales y Consejos profesionales andaluces de arquitectura y distintas ingenierías entregaron ayer de forma simultánea un manifiesto en defensa del visado profesional en el Parlamento de Andalucía; la Delegación del Gobierno; la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia; la Diputación de Sevilla; y en el Ayuntamiento de la capital andaluza. En el manifiesto, se recoge la «irresponsabilidad» que supondría por parte del Gobierno la aprobación del Real Decreto que supone la trasposición de la Ley Omnibus, donde se establece con carácter general que el visado de proyectos no será obligatorio sino voluntario. En la presentación de esta iniciativa, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, Aurelio Azaña, explicó que estos visados profesionales permiten identificar al autor del trabajo técnico, garantizando su capacitación para desarrollarlo y que no cuenta con sanciones que lo inhabiliten, además de recoger las características concretas del proyecto y disponer de un seguro de responsabilidad civil . Este visado está vigente desde 1931, año en el que se puso en marcha para tratar de eliminar las «consecuencias desastrosas» que provocaba en la sociedad el ejercicio de personas «no capacitadas».

En la misma línea, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Puertos y Canales, Abraham Carrascosa, indicó que, si se aplica este decreto se perderían el 80% de los puestos de trabajo .

Actualmente ascienden a 5. 000 los profesionales en España a los que les afecta la nueva normativa, de los que 600 se encuentran en Andalucía.

Seguridad y confianza

«La sociedad perderá seguridad y confianza en el uso de las infraestructuras, que podrán ser realizadas por personas sin escrúpulos y sin capacitación profesional», afirmó Carrascosa, que aseguró que no se controlará que el que ejerza esas profesiones «esté capacitado o se garantice que sea arquitecto para realizar una obra». Así, precisó que el decreto recoge que el visado sea obligatorio en diez tipos de proyectos, relacionados mayoritariamente con manejo de explosivos o minas ; mientras que «no será necesario ni para construir una mina o una fábrica alimentaria». Del mismo modo, llamaron la atención sobre el hecho de que si existen asociaciones profesionales y no Colegios «sólo se permitirá entrar a unas determinadas personas, evitando la igualdad de oportunidades». A esta situación añadieron el hecho de que las aseguradoras «ya han comunicado que se negarán a cubrir a los jóvenes arquitectos o ingenieros sin experiencia, algo que ahora sí ocurre, lo que provocaría restricciones para la actividad» . Esta iniciativa está apoyada por 23 entidades ente las que se encuentran los Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos; de Caminos, Canales y Puertos; de Minas del Sur; Telecomunicaciones; Naval y Oceánico; Montes; Industriales; Aeronáuticos; Obras Públicas; Artuitectos y Aparejadores; entre otros.