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Los ayuntamientos andaluces deben a las Pymes 2.300 millones de euros...

Los empresarios, que critican el recorte de las inversiones en infraestructuras y la reducción del crédito a los consistorios, aseguran que los continuos impagos van a provocar el cierre de muchos negocios

Los ayuntamientos andaluces deben a las Pymes 2.300 millones de euros...

La Confederación Empresarial de Málaga, que presentó ayer la memoria anual en su asamblea general, mostró su preocupación por el retraso continuado de los pagos de las administraciones y advirtió que muchas empresas no llegarán a final de año si los ayuntamientos andaluces no pagan sus deudas. Según la CEM, los entes locales adeudan a las Pymes 2.300 millones de euros.

El vicepresidente ejecutivo y secretario general de la CEM, Javier González de Lara, calificó de «preocupante» y «complicada» la situación de las empresas andaluzas y puso como ejemplo de esta coyuntura que 16 negocios cerraron al día durante el pasado año en Málaga, lo que supuso la desaparición de mas de 6.000 Pymes y autónomos.

González de Lara aseguró que si las empresas cobrasen la deuda pendiente, podrían pagar a sus proveedores, lo que repercutiría de forma positiva en la economía, aunque advirtió que si los entes locales no saldan lo que deben, «muchas empresas no van a llegar a final de año». La CEM situó la media del plazo de pago en mas de un año .

El dirigente empresarial afirmó que el decreto por el que se restringe el crédito a largo plazo a los ayuntamientos en 2011, reducirá su capacidad de inversión y perjudicará mucho a las pymes.

Según dijo, los Consistorios son víctimas de un modelo de financiación local «erróneo, que nadie quiere transformar», y que se ha basado en el «ladrillo». En su opinión, los ayuntamientos, sobre todo los del litoral, no han sabido ser austeros en los últimos años .

Por su parte, el presidente de la CEM, Vicente García, propuso distintas medidas para atender las necesidades de supervivencia de muchas empresas.

Su «receta» para la mejora de la economía en los próximos años consiste en crear más confianza y seguridad jurídica, mejorar la financiación y liquidez, una mayor productividad, reducir la morosidad de las administraciones, los costes laborales y la presión fiscal .

El secretario general de la CEM mostró su preocupación por el recorte en inversión pública en materia de infraestructura que se va a producir en un corton plazo. «Estamos de acuerdo en que se adopten medidas de reducción de déficit publico, pero no confundiéndolo con el déficit en inversiones productivas, que generan actividad económica y empleo», apuntó

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