La Consejería de Salud entiende que el establecimiento de un copago sanitario en la sanidad pública «no ejerce un poder disuasorio» sobre la utilización de recursos innecesarios desde el punto de vista estrictamente asistencial, a la par que «penalizaría proporcionalmente más a los grupos de población más desfavorecidos» que a las clases más pudientes.

La Junta de Andalucía deja así clara su postura ante un debate abierto en España a cuenta del necesario ahorro del gasto y sobre la posibilidad de que una vía sea adelgazando el coste que supone la sanidad pública. ¿Cómo? Pagando parte de los servicios médicos que proporciona la sanidad pública, bien la visita del médico, la estancia hospitalaria o, por ejemplo, la comida del hospital. De momento, el debate parece aparcado pero si Bruselas exige nuevas medidas de ahorro a España podría plantearse. Precisamente ayer, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, dejó claro que es prematuro pronunciarse sobre si será necesario introducir el copago en 2011. «Son decisiones que falta mucho para adoptar», dijo.

«Poco selectivo»

De momento, la Junta lo tiene claro. Según un documento interno con el que trabaja la Consejería del ramo, al que ha tenido acceso Europa Press y que es piedra angular de las tesis que esgrime en los distintos foros en contra del establecimiento de copagos sanitarios, entiende que son otros los elementos que inciden en el consumo de recursos y, por ende, en el gasto sanitario. Sólo así, a juicio del Gobierno andaluz, puede explicarse que el gasto sanitario público en los países sin copago «sea sistemáticamente menor» que en los que lo tienen.

Agrega dicho documento que en España el porcentaje de gasto sanitario o contribución directa real del usuario sea «muy superior» a países con copago.

De igual modo, entiende que el mecanismo de copago, pese a sus posibles elementos de modulación, es «poco selectivo» y afecta «tanto a los servicios necesarios y efectivos como a los no efectivos y menos necesarios».

«Esto se ha demostrado tanto para los copagos en atención primaria y urgencias, como para consultas de especialistas y hospitalización, hasta el punto de que el coste que recae sobre el usuario penaliza proporcionalmente mucho más a los grupos de población más desfavorecidos y conlleva resultados en salud indeseables», añade el texto.

Burocratización

Junto a todo lo esgrimido, este informe interno advierte de que el desarrollo de un sistema de copago exigiría el desarrollo de un sistema de control y gestión complejo «que implica una estructura de cobro y gestión, la cual exigirá notables inversiones».

«Si optamos por modelos de copago, una parte relevante del presupuesto sanitario habrá de destinarse a gastos de administración, por lo que una hipotética reducción del gasto sanitario difícilmente supondría una mayor disponibilidad económica», recoge el documento. Advierte de los peligros que el copago podría suponer en cuanto a la desincentivación de la prevención y promoción de la salud y alude al comportamiento que el copago ha tenido en situaciones de crisis económica.