El Plan Especial de Protección de la Sierra de Córdoba (Pepsc) pasa de puntillas sobre las 24 parcelaciones ilegales existentes, que aglutinan entre 1.400 y 1.660 viviendas con servicios precarios (fosas sépticas, pozos incontrolados, falta de alumbrado público, de agua y de acceso...). El mayor nudo gordiando se queda tan enredado como ya estaba, sin perspectiva de solucionarse al menos a medio plazo.
La principal causa de degradación y de impacto ambiental al que se enfrenta este vasto espacio, que ocupa alrededor de 30.000 hectáreas (entre el 25 y 30% del término municipal), seguirá en el limbo, como ya estaba en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), o a merced de planes específicos para mitigar sus efectos en el paisaje que deben presentar los propietarios, pero que ni tan siquiera le otorgan visos de regularización.
Entre los asentamientos que están fuera de ordenación, donde residen entre 2.500 y 4.000 personas, cabe distinguir dos grupos. En el primero hay 14 parcelaciones irreconducibles -que fueron recogidas en un documento previo- que no pueden acogerse a ninguna medida correctora. Abarca medio millar de viviendas, en su mayoría segundas residencias, donde viven entre 1.000 y 1.500 personas, según los cálculos iniciales que realizó el equipo redactor. Entre éstas se encuentra la urbanización de San Cristóbal, la primera en la que el Ayuntamiento llevó a cabo la demolición de un chalé sin licencia en 2008.
Sin legalización futura
En el otro grupo se hallan otros diez núcleos, que pueden acogerse a planes especiales de mejora del medio rural. En contra de lo que plantea la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara, el documento aboga por que no se legalicen en el futuro, cuando de revise el PGOU. Argumenta que esto podría servir de estímulo para seguir edificando y se limita a pedir a las Administraciones que sigan estrechando el cerco para que el ladrillo no se expanda más.
El Plan de la Sierra no es sino la crónica del olvido anunciado sobre las parcelas, que se verá consumado el lunes con su aprobación inicial por parte del consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Emana de un estudio encargado a un equipo multidisciplinar de la Universidad de Córdoba, coordinado por el catedrático José Roldán Cañas. Sus primeros trabajos se remontan a 2003, con la firma de un convenio de colaboración que luego se amplió en septiembre de 2005.
Casi siete años de investigación, que quedaron plasmados en un diagnóstico y un texto de avance que se ha retrasado en el tiempo, han dado como resultado un conjunto de once propuestas para recuperar espacios deteriorados y buscarles un filón turístico, con las reservas que la propia Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) marca sobre nuevas edificaciones en suelos no urbanizables de especial protección. El plan, que ayer fue expuesto a colectivos ciudadanos, rechaza la mayoría de las 45 sugerencias planteadas.
La mitad de ellas, presentadas por asociaciones vecinales, reclaman una solución a las parcelas ilegales que el plan sigue sin darles. Tanto los miembros del equipo redactor como el edil de Urbanismo, Francisco Tejada, insistieron en que el Pepsc «no entra a ordenar» las 24 parcelaciones» existentes, porque, según subrayó el concejal de IU, «éste no es un documento para hablar de parcelas, es el PGOU el que establece lo que puede o no ocurrir con ellas».