El decreto ley para reordenar el sector público andaluz que hoy aprueba la Junta de Andalucía tiene seriamente preocupados a los funcionarios andaluces cuyo sindicato mayoritario, CSIF, advirtió ayer de que se trata de una «reforma laboral» dentro de la administración publica «ilegal e inconstitucional» que puede dar lugar a «auténticos ERES dentro de la Junta de Andalucía».
Aunque ayer fuentes de la consejería de Hacienda y Administración Pública se negaban a pronunciarse sobre el contenido del decreto que se aprueba hoy, la responsable de sector de Administración General de CSIF en Andalucía, Alicia Martos, anunció que este decreto, cuya finalidad es oficialmente el recorte del gasto público pero que, a su juicio supone abrir la puerta a despidos dentro de la Junta de Andalucía.
El decreto supondrá la reordenación del sector público pero también el cambio en el régimen jurídico de muchos empleados públicos de la administración de la Junta de Andalucía e incluso entraña una situación de «peligrosidad». Aunque se desconoce el número de afectados directamente, en la administración general de la Junta trabajan actualmente más de 52.000 personas entre funcionarios y laborales.
El decreto supone la creación de seis agencias públicas empresariales de régimen administrativo y dos agencias de régimen especial que asumirán bajo la forma de gestión privada potestades que estaban en manos de funcionarios. Por ejemplo, una de ellas, la Agencia Andaluza de las Instituciones Culturales asumirá casi la totalidad de las funciones actualmente en manos de Cultura.
Además de escapar al control de la Cámara de Cuenta o de las organizaciones sindicales, CSIF asegura que esta reforma supondrá una mayor inestabilidad para el personal de la Junta ya que al funcionario le ofrecerán la opción de pasarse a la nueva agencia perdiendo su condición de funcionario y pasando a un contratado laboral. Sin embargo los que no lo hagan , podrían quedar en una situación de «limbo administrativo» de la consejería en cuestión dependiendo funcionalmente de la agencia pese a que orgánicamente sigan haciéndolo de la consejería. En cuanto al personal laboral deberá pasar obligatoriamente a la nueva agencia, cambiando su condición de laboral fijo a personal indefinido. Y ello hará peligrar su estabilidad en el empleo.
Además la reforma atenta contra los principios de igualdad, mérito y capacidad según CSIF que anunció movilizaciones e incluso acciones judiciales ya que el «decretazo» incumple el estatuto del empleado público.
