El 18 de mayo de 2009 fue una fecha histórica para la ciudad. Por primera vez un alcalde democrático pisaba los juzgados. Alfredo Sánchez Monteseirín fue citado como testigo a declarar en la causa judicial por el presunto pago de facturas duplicadas por parte del Ayuntamiento a la federación vecinal Unidad. El juez de instrucción número 14 instó al alcalde a explicar por qué el Ayuntamiento no ordenó investigar la denuncia del PP sobre la existencia de esas presuntas facturas falsas o duplicadas, como había desvelado ante el juez un interventor municipal que también declaró como testigo.
En esa comparecencia, Monteseirín declaró que no ordenó investigar el fax aportado por el partido de la oposición a la causa del «caso Unidad» porque no le daba «crédito» al PP. «No creo que nadie del grupo municipal socialista -desde donde se emitió el fax- hiciera algo así», se limitó a contestar el alcalde cuando se le preguntó por el fax que se envió desde una terminal del Ayuntamiento a Unidad dando indicaciones para inflar una factura con el objeto de convertir parte de la cantidad a dinero negro. En el juzgado, Monteseirín trató de esquivar las preguntas incómodas como pudo, ya que allí no podía poner en marcha su estrategia política, a la que dio inicio en una rueda de prensa convocada en la sede del PSOE minutos después de su comparecencia judicial. Allí, del brazo del secretario provincial, José Antonio Viera, Monteseirín esgrimió que todo eso «se trata de una pelea puramente política; esto no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Sevilla. Es un intento del PP de hacerle daño al PSOE usando para ello las instituciones judiciales». Pero ni ante el juez ni ante los periodistas el alcalde respondió a una pregunta clave: ¿Como es posible que Domingo Enrique Castaño, imputado como presunto autor del fax que dio origen al caso, sea asesor del grupo municipal socialista y el Ayuntamiento se lave las manos en este asunto? La duda sigue quedando en el aire pese a que Castaño arrastró por primera vez en la historia a un alcalde de Sevilla hasta los juzgados.
Pero la presión judicial que sufre este Gobierno aún ha batido más récords. Además del alcalde, también ha sido llamado ante el juez su primer teniente, el comunista Antonio Rodrigo Torrijos. Éste lo hizo en el juzgado de lo social ante la demanda interpuesta por varios trabajadores despedidos a la empresa municipal Sevilla Global. Torrijos acudió como testigo porque los afectados aportaron como prueba una grabación en la que tanto él como el delegado de Economía, Carlos Vázquez, advertían a los empleados de lo que les podía ocurrir si no se plegaban a sus órdenes y desobedecían al todavía gerente, que ya no contaba con su apoyo político pero que tenía que permanecer en el cargo al menos un mes hasta que se convocara un consejo de administración donde poder cesarlo.
En su declaración, Rodrigo Torrijos llegó a afirmar que los trabajadores se habían buscado el despido al firmar los contratos fijos que les había puesto por delante el gerente al que él ya había desacreditado verbalmente, José Ramírez. Y eso sirvió al veterano sindicalista para llevarse una reprimenda del fiscal. El caso, actualmente, está visto para sentencia.
