El Ayuntamiento de Castilleja del Guzmán no es el único atenazado por las deudas a proveedores, empresas constructoras y de servicios e incluso dificultades para pagar las nóminas. Su caso ha terminado en los tribunales y puede implicar directamente a su alcalde, pero hay otros municipios en los que las dificultades surgidas en los últimos meses, caso de los ayuntamientos de Huevar, Lantejuela o Palomares del Río, han provocado retraso en el pago a sus empleados y algunos que que ven como la crisis atenaza su funcionamiento. Así en Marchena llaman a todas las puertas en busca de ayuda después de que sufran una doble crisis por el empeño de la Junta en ampliar su casco histórico y reclamarles el pago de deudas anteriores, y Burguillos se ha declarado en suspensión de pagos lo que hace que el Ayuntamiento tenga verdaderos problemas de funcionamiento y hasta de supervivencia.
A principios de este verano ABC publicó que hasta 28 municipios habían tenido que acogerse a
anticipos extraordinarios de la Diputación
para seguir pagando a sus trabajadores y poder prestar servicios mínimos y cómo alguno de ellos habían decidido suspender actos festivos, o reducirlos mucho, para contener gastos. El verano no ha mejorado mucho la situación. Ayer, el PP denunciaba las «altamente preocupante» cuentas municipales de Gines. Aludía a un informe del interventor municipal según el cual habría trabajadores contratados por el Ayuntamiento cuyos sueldos no tienen el correspondiente respaldo presupuestario así como que «los créditos consignados en el presupuesto son insuficientes para hacer frente a todos los costes de la Seguridad Social». El informe del interventor del Ayuntamiento de Gines señala asimismo que «el saldo disponible en cuentas corrientes es insuficiente para atender los gastos corrientes».
Para los populares esta situación es «altamente preocupante», sobre todo porque los ingresos no llegan a cubrir no ya sólo los gastos fijos mensuales, sino ni siquiera las nóminas. Así, señalaron que éstos rondan los 274.000 euros mientras que sólo los gastos de las nóminas suponen cada mes unos 450.000 euros, «un gravísimo desfase de 175.000 euros mensuales que no sabemos como tiene previsto cubrir el equipo de Gobierno integrado por PSOE e IU».
Mientras en otro municipio del área metropolitana, La Algaba, salen a la luz en plena crisis gastos realizadas por el anterior Gobierno municipal que no están claros. El actual alcalde, el socialista Marcos Agüera, afirmó ayer que denunciará en la Fiscalía presuntos pagos irregulares por valor de 142.000 euros realizados por el anterior regidor, José Luis Vega (IU), a una empresa denunciada por la Guardia Civil.
Según informa E.P., tras la denuncia de la Guardia Civil contra la empresa de productos químicos Hisquisur, por poseer una fábrica ilegal de productos químicos y vertido de éstos, el Ayuntamiento va a informar a la Fiscalía de unos presuntos pagos irregulares a dicha empresa. Al parecer, tanto a la empresa denunciada por la Guardia Civil como a otra con el mismo domicilio y perteneciente al mismo propietario se le efectuaron dos pagos por parte del Ayuntamiento cuando era alcalde José Luis Vega, actual portavoz de IU, uno por 86.869,70 euros y otro por 56.098,199 euros. Muchos de estos pagos se han producido en el marco de la moción de censura por la que se destituyó a Vega el 21 de julio de 2009, según el actual alcalde quien asegura que el Ayuntamiento investiga si estos pagos son irregulares al haberse vulnerado los procedimientos públicos de contratación. El Ayuntamiento cree asimismo que se han podido realizar pagos dobles a favor de otra empresa que pertenece al mismo propietario.
La gestión del dinero público pues vuelve a estar en entredicho en dos municipios del área metropolitana. La situación puede ser más crítica cuando se haga efectiva la restricción formulada por el Gobierno central a las corporaciones locales para que no se endeuden más.
