Las advertencias del Ministerio de Fomento al Ayuntamiento de La Línea de la Concepción no han surtido efecto y el municipio sigue con las obras de reordenación del tráfico que permitirán la instauración de un peaje para acceder a Gibraltar. Ayer, operarios municipales comenzaron a trabajar a las ocho de la mañana en estas obras, que permitirán la implantación de la denominada «tasa de congestión», que ascenderá a cinco euros y a la que se oponen la Junta y el Gobierno central, además de provocar la protesta de las autoridades gibraltareñas. Fuentes de Fomento advirtieron que se tomarán las «medidas oportunas» si tienen constancia de que el Ayuntamiento realiza actuaciones en carreteras de su competencia para implantar el peaje.
Según confirmaron a Europa Press fuentes municipales, los trabajos se reanudaron a primera hora de ayer «sin que hayan surgido problemas por ahora» y sin que ningún responsable del área de Carreteras haya acudido a la zona, como en días anteriores, a intentar paralizar los trabajos en nombre de Fomento. Los trabajos consisten en la ubicación de bordillos, así como en la señalización de varias direcciones para desviar, en el futuro, el tráfico rodado hacia el centro del municipio linense. Además, se instalará un dispositivo para el cobro de la tasa, que será de cinco euros en el caso de los turismos. Para los camiones será superior, aunque aún no se ha fijado el importe.
El alcalde de La Línea, Alejandro Sánchez (PP), aseguró que «el proyecto sigue adelante» y lamentó «el despiste» del área de Fomento que, según dice, «ha confundido» la carretera en la que se llevan a cabo estas tareas, que «es inequívocamente de La Línea de la Concepción», con otras que no son de titularidad municipal.
Ante esta reanudación de los trabajos, fuentes del Ministerio de Fomento aseguraron que el Ayuntamiento linense no cuenta con autorización alguna para actuar en las carreteras estatales, añadiendo que tampoco tienen constancia de que haya solicitado actuación alguna. En ese sentido, las mismas fuentes recalcaron que si el Ministerio tuviera constancia de que se están llevando a cabo actuaciones no autorizadas sobre carreteras de su competencia se verían obligados a tomar «de forma inmediata las medidas pertinentes».
Entre las razones que esgrime el alcalde de La Línea para tomar esta medida está el «abandono» del Gobierno central al municipio, que atraviesa una difícil situación financiera, lo que ha motivado que el Ayuntamiento deba salarios atrasados a los 900 trabajadores municipales. En ese sentido, el Consistorio linense acusó ayer a la Junta de Andalucía de «acelerar o pausar asuntos dependiendo del color político que gobierna una ciudad», en alusión a un adelanto de 2,5 millones de euros de la participación de impuestos del Estado.
La promesa de Pizarro
Esta cantidad, según el Ayuntamiento, permitiría abonar los salarios atrasados —el pasado mes de julio y el 30% de las pagas extraordinarias— a los trabajadores municipales, cuyos delegados sindicales permanencen desde el martes encerrados en el Palacio de Congresos para exigir las nóminas. Además, el Consistorio que el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, prometió que el 25 de agosto se reuniría el Consejo de Gobierno para dar «luz verde» a este asunto y «comprobamos ahora que era incierto». La reacción del PSOE linense no se hizo esperar y afirmó que ha «acudido a la llamada de colaboración de los sindicatos» e «iniciado contactos» con la Junta y la FAMP para que se liberen esos 2,5 millones en el primer Consejo de Gobieno de septiembre.
