El Ayuntamiento de Sevilla y la constructora Sacyr, adjudicataria del proyecto Metropol-Parasol de La Encarnación, tienen ultimado un acuerdo para que el edificio de oficinas municipales de la propia plaza, el del número 24 —junto a Puente y Pellón—, mantenga sus funciones actuales y siga siendo usado por el Consistorio a cambio del abono de un alquiler a la empresa madrileña. Sacyr gozará de la concesión administrativa del inmueble una vez concluya la construcción de las «setas», tal y como quedó reflejado en el contrato rubricado en 2005, por el que ese edificio de oficinas pasaría a manos de la constructora como parte del acuerdo para su explotación, bien como oficinas, bien como comercio, bien como hotel. Actualmente, este inmueble alberga las dependencias de la Delegación municipales de Hacienda, que a tenor de las nuevas perspectivas podrían permanecer allí algunos años más. El Ayuntamiento será, por tanto, inquilino de Sacyr. Lo que faltaba.
La idea inicial de ambas partes era bien distinta. El Ayuntamiento pensaba abandonar el inmueble para trasladar todas esa dependencias y centralizar el servicio de Hacienda de tributos locales en general en el edificio de La Gavidia, ya teóricamente reformado. Sacyr, por su parte, se quedaba con un edificio perfectamente situado, en una zona privilegiada de la ciudad y al que podía darle diversos usos que había sido valorado tras las tasaciones de Tinsa en unos 15 millones de euros. Pero el panorama ha cambiado bastante. El mercado inmobiliario y la economía en general están ahora por los suelos y las perspectivas no son ni mucho las que eran hace un lustro, cuando se rubricó el contrato. La constructora tendría ahora que gastarse un buen dinero en rehabilitar el edificio y adecentarlo para su hipotético nuevo uso, algo a lo que no parece dispuesta teniendo en cuenta la complicada coyuntura económica. Sacyr quiere liquidez, no más previsiones de rentabilidad a medio y largo plazo, como ocurre con este edificio. Al otro lado, el Ayuntamiento tiene ante sí el problema del edificio de la Gavidia, que sigue abandonado y con la reforma pendiente, con lo que un pronto traslado resulta inviable. Tiene que seguir allí.
Así las cosas, lo más fácil para Consistorio y constructora es mantener la situación actual. Legalmente hablando, el edificio será de Sacyr en cuanto se culmine la obra de Metropol-Parasol, con lo que la continuidad de los servicios municipales en el inmueble deberá conllevar el pago de un alquiler por parte de la Administración local a la empresa. Negocio redondo para Sacyr. Nada ha trascendido ni de acuerdo alguno ni mucho menos de cantidades, pero cualquiera de ellas supondría ya un nuevo sobrecoste en un proyecto global disparado por encima del cien por cien de su coste inicial (que era de 51 millones).
El proyecto suma un nuevo desfase al no poderse trasladar las oficinas de Hacienda
Según datos recabados por este periódico, el alquiler de un edificio de estas características —cinco plantas— en la zona supondría un desembolso en torno a los 500.000 ó 600.000 euros anuales. Diversas fuentes municipales apuntaron a ABC que los contactos en este sentido se produjeron hace meses y que el acuerdo está a punto de cerrarse. No en vano, en diciembre debe estar terminada la obra de las «setas» y será en ese momento cuando, en virtud del contrato, el edificio del número 24 pase a manos de la constructora, que ya solicitó incluso la licencia de obras de adaptación del inmueble.
Penalización por retras
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En el propio contrato se especifica que la Administración pondrá a disposición del adjudicatario este inmueble, como máximo, tras la firma del acta de comprobación de las obras ejecutadas. Además, en el párrafo siguiente del contrato se estipula que, en el supuesto de que se produjera retraso del Ayuntamiento en la entrega de este edificio a la constructora, se abonará a ésta «en concepto de indemnización la cantidad de 21.132,20 euros mensuales hasta la entrega efectiva del inmueble». Esa entrega, desde luego, no va a producirse a tiempo, con lo que, también teóricamente, habrá que indemnizar a Sacyr desde las arcas municipales. Y se trata de más de 250.000 euros anuales. La cifra, pese a todo, es sensiblemente inferior a lo que costaría un arrendamiento al uso, pero se negocia incluso una cantidad inferior a la reflejada en las penalizaciones del contrato.
Teniendo en cuenta la situación de incumplimiento evidente por parte de la adjudicataria en otras cuestiones de la propia obra —al menos eso mantiene el Gobierno local—, lo lógico es pensar que ambas partes estén intentando llegar a un entendimiento para que no haya que abonar ese canon estrictamente. De hecho, el Ayuntamiento podría jugar la baza de la «compensación» para así lograr un alquiler ventajoso a cambio de no apretar demasiado a Sacyr para hacerle cumplir con las penalizaciones estipuladas en caso de retrasos e incumplimientos. El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, ya ha dejado caer en varias ocasiones que pedirá responsabilidades a la adjudicataria una vez concluya la obra. Hasta entonces, mejor optar por la «entente cordiale» para que nadie se enfade y las «setas» puedan acabarse de una vez y así poder presentar a los ciudadanos el polémico legado arquitectónico de una etapa de gobierno.
