«Como en España no se vive en ningún sitio». Una frase muy utilizada habitualmente, sobre todo en los sitios de costa, donde uno puede visitar un museo por la mañana, pasear por la playa o tomar el sol por la tarde, y degustar una caña en una terraza por la noche.
Sin embargo, no todo es tan idílico cuando la comunidad de vecinos en la que uno reside está repleta de extranjeros, y enterarse de lo que se decide en ella, o comunicar un problema al presidente resulta toda una odisea para la que hay que llegar incluso a necesitar un intérprete. Parece propio de una comedia, pero como la realidad siempre supera a la ficción, basta con acercarse a una comunidad de vecinos de la Costa del Sol o de cualquier localidad de la zona mediterránea, para comprobar que éste es el día a día para muchos vecinos españoles que viven en una particular Torre de Babel.
Colonialismo lingüístico
El profesor de español José Antonio Sierra regresó a España después de 30
años enseñando castellano en Irlanda, Reino Unido y Francia y se encontró con un caso de «colonialismo lingüístico y cultural», tal y como él mismo lo ha definido.
«Este problema se da en todo el arco Mediterráneo, desde Gibraltar hasta Almería, y en la zona del Levante», apostilla.
Sierra explica que conoce de cerca una comunidad de propietarios ubicada en Benalmádena (Málaga) en la que los españoles necesitan un intérprete en inglés para comunicarse con el presidente de dicha comunidad y, además tienen que contribuir a los gastos de traducción al inglés de los acuerdos que se toman. «Yo no discuto que esto sea legal, pero para eso habría que cambiar la Ley de Propiedad Horizontal», opina.
En este sentido, Sierra, que ha comenzado una campaña de defensa del castellano a título particular –aunque también es portavoz de la «Asociación Diversidad y Convivencia. Difusión de las lenguas de España en Andalucía»—, pretende «que los partidos políticos cambien la Ley de Propiedad
Horizontal para que se adapte al turismo residencial y a la nueva sociedad multicultural y multilingüística».
El profesor asegura que, durante el tiempo que ha vivido en otros países, jamás ha visto una situación similar, en la que un inglés, francés o alemán tenga que pagar a un intérprete para enterarse en su propio país de los acuerdos que se toman en su comunidad de vecinos.
Según Sierra, el problema que existe en España se debe a que muchas comunidades cuentan con una mayoría de propietarios extranjeros y eligen como presidente a alguien de su misma nacionalidad y además, por mayoría, votan que se paguen los gastos de traducción de los documentos al inglés.
Situación ante la que el español está en minoría y sólo podría «impugnar los acuerdos de la comunidad, con las molestias y gastos que eso conlleva», agrega.
Así, califica esta situación de «lamentabilísima» y subraya que, personalmente, no puede «defender que en Andalucía, para hablar con el presidente de una
comunidad, se necesite un intérprete».
El profesor alude al artículo tercero de la Constitución Española para recordar que en España, el castellano es la lengua oficial, que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
En catalán o en vasco...
Así, apunta que si en Andalucía el presidente y los vocales de la comunidad de propietarios fueran catalán o vascoparlantes, y «aunque tuviesen una mayoría de votos, los propietarios españoles se podrían negar a necesitar un intérprete para comunicarse con la junta directiva, acogiéndose al artículo tercero de la Constitución». Sin embargo, «no ocurre lo mismo cuando el presidente y los vocales son británicos, franceses, alemanes, o de otra nacionalidad que no sea la española, si nos sirve como referente el caso de Benalmádena», añade.
Con todo, Sierra insiste en que sería necesario reformar la Ley de Propiedad Horizontal y propone incluir en ella cuestiones como que el presidente
de una comunidad conozca el castellano y la lengua cooficial que corresponda a la comunidad autónoma en que se encuentre el edificio. Además, sugiere que los gastos de intérprete y traducción a otros idiomas que no sean el castellano o las lenguas cooficiales, correspondan a los propietarios que así lo soliciten.
Mientras tanto, los pequeños gobiernos democráticos que son en algunos casos las comunidades de vecinos, siguen su curso y tratan de entenderse «aunque sea en indio», tal y como señala José Pérez, propietario de un piso ubicado en Fuengirola.En concreto, este vecino cuenta que, hace unos meses, en la factura de su comunidad figuraba entre los gastos un cargo de 60 euros para la compra de un traductor para el ordenador.
Desde entonces, los comunicados «están perfectamente escritos en inglés, pero como el presidente no sabe español y traduce el texto con este programa, los españoles tenemos que leer los textos en indio», refiriéndose a la mala traducción que
generalmente realizan estos programas informáticos.
