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entrevista

«El Ayuntamiento debe meditar el patrocinio del congreso abortista»

Carlos González-Vilardell, presidente del Colegio de Médicos

KAKO RANGEL

maría jesús pereira

El representante de los médicos de Sevilla ha pedido a la Junta y al Ayuntamiento que mediten sobre «el clamor popular» contrario a que patrocinen con dinero público un congreso de profesionales del aborto, que tendrá lugar en Sevilla el próximo mes de octubre. —La Junta ha emprendido una campaña informativa advirtiendo a los médicos de atención primaria que no pueden ejercer su derecho de objeción con la entrada en vigor de la nueva Ley del aborto

—La Constitución permite que cualquier médico pueda ejercer el derecho de objeción de conciencia por razones de ética, religión o moralidad, incluido los médicos de familia porque pueden entender que participan en la cadena que lleva hacia el aborto. Los colegios de médicos brindamos un registro para inscribirse de forma voluntaria en tiempo y forma, de modo que si el día de mañana ven vulnerados su derecho de conciencia, puedan acudir a un juzgado. En agosto se abrió el plazo de inscripción y principalmente se han inscrito médicos de familia, que son el primer eslabón de la cadena hacia el aborto. Si la Junta insiste en que los médicos de familia no puede objetar, será un juez quien decida.

—Sevilla acogerá en octubre un congreso de profesionales del aborto con el patrocinio del Ayuntamiento y la Junta, que lo declara de «interés científico sanitario». ¿Cree que ese congreso debería tener patrocinios públicos?

—La Administración concierta la práctica de abortos con clínicas o centros privados. Quiere decir que hay unos intereses económicos que se están moviendo. En pocos horas una organización logró en internet recoger más de 10.000 firmas contra ese congreso. De aquí a octubre, casi seguro que se pronunciarán en contra todas las organizaciones contrarias al aborto, desde hermandades y cofradías a organizaciones pro vida a multitud de asociaciones de tipo ético, deontológico y de conciencia. El Ayuntamiento y la Junta deberían meditar sobre el clamor público contrario a que se patrocine ese congreso.

—En España se practican 100.000 abortos al año. ¿Qué está fallando?

—En principio, falla la educación y la protección hacia la gestación. Se informa antes a la gestante de las posibilidades de abortar que de las posibilidades para seguir con el embarazo, a pesar de que se debe proteger el derecho a la vida de quienes no pueden reclamar esos derechos. Lo que se está haciendo actualmente es facilitar la cadena del aborto. Sólo cuando una mujer dice no al aborto, se le informa de otras posibilidades para continuar el embarazo.

—¿Estáis percibiendo un abuso de la píldora del día después sin receta?

—Yo no tengo constancia, pero los ginecólogos se quejan de que las mujeres pueden estar tomándola de forma continuada y sin control previo, sin saber en qué estado están sanitariamente y si saber su cuerpo puede afrontar esa bomba hormonal.

—Usted denunció un intento de chantaje por parte un representante de una importante correiduría de seguros de Madrid, que le exigía dinero a cambio de controlar que no se presentara otra candidatura en las últimas elecciones del Colegio de Médico. ¿En qué momento judicial se encuentra el proceso?

—Estamos en diligencias previas. Nosotros hemos declarado e imagino que ese señor está imputado porque fue la persona que vino físicamente al Colegio de Médicos a hacerme esas proposiciones.

—El 21% de las agresiones a médicos se llevan a cabo por parte de colectivos de riesgo (enfermos mentales y toxicómanos). ¿Cómo explica el resto de agresiones?

—La agresividad está en la calle. Lo que está detrás de esas agresiones son muchas veces una falta de atención inmediata.

—Las condenas judiciales por agresiones a médicos son escasas en relación al número de denuncias.

—Esas agresiones no quedan impunes. Hay sentencias que ya consideran esas agresiones como un delito y no como una falta. Los jueces están concienciados de lo que está pasando. Las denuncias que hay por parte de los colegiados son sólo una parte de las existentes. Sabemos que hay muchos que se callan por vergüenza o porque no quieren problemas porque están en precario.

—En 2008 entró a formar parte del Comité Asesor del PP andaluz. ¿Ha recibido críticas por parte de colegiados afines al PSOE?

—No me ha creado problemas. También asesoro a otros organismos de la Administración, como el Consejo Andaluz de Salud. Si otro partido político, como el PSOE, me reclama para participar en otra comisión, estoy dispuesto a hacerlo si de verdad me llama para aportar y no sólo para figurar en un listado.

—¿Por qué hay falta de médicos?

—No hay falta de médicos. Lo que está ocurriendo es que no todos los médicos que terminan la Facultad o el MIR ejercen en la sanidad pública. Muchos de ellos se van a la sanidad privada o al extranjero. No hay nada que les retenga dentro de la sanidad pública, tanto en lo que respecta a los salarios, la posibilidad de promoción...

—Cada vez hay más médicos extranjeros en el SAS ¿está asegurada su homologación académica?

—Hemos constatado que efectivamente hay más de 240 médicos que están trabajando dentro del SAS que no tienen reconocida la especialidad, sino en vías de reconocimiento. Es como si el conductor que lleva a nuestros hijos al colegio estuviera en trámites de lograr el carné de conducir. Detrás de la conducción de un automóvil tiene que haber una póliza de seguro. Para ejercer la medicina tenemos que tener una póliza de responsabilidad profesional para que el paciente pueda recurrir en caso de problemas. La póliza que tiene el SAS es colectiva y abarca a todos médicos de la sanidad pública. Hoy día las pólizas están cubriendo por especialidades y si uno no es especialista en esa serie de cosas, la póliza no le cubre. Además, si en la puerta de entrada pone especialista y no es oficial, se está cometiendo un delito de impostura.

—¿Será obligatoria o voluntaria la colegiación médica?

—Nosotros estamos esperando que se termine de desarrollar la Ley Ómnibus. A la espera de ello, pueden ocurrir tres cosas: que la colegiación no sea necesaria para ejercer en la sanidad pública, privada o concertada; que sea sólo necesaria sólo en la privada o concertada: o que sea necesaria para ejercer la medicina en cualquier ámbito. La Administración debería darse cuenta que los colegios médicos son corporaciones de derecho público, que su función es garantizar a la población el buen ejercicio y la buena praxis del profesional, con un control a través de las comisiones de deontología. Sin colegiación médica, pueden darse más casos de mala praxis, impostura e intrusismo.

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