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tribunales

Empleados de la Junta llevan al TSJA el decreto que hará fijos a 20.000 externos

Desempeñarán las mismas funciones sin acceder a las plazas por proceso público

GOGO LOBATO

MERCEDES BENÍTEZ

Que los sindicatos vayan a los tribunales es algo habitual. Ocurre a menudo. Lo que no lo es tanto es que cientos de trabajadores, en este caso empleados públicos de la Junta de Andalucía se pongan de acuerdo para presentar una denuncia contra todo un decreto de la administración autonómica. Ha ocurrido hace sólo unos días cuando cientos de funcionarios han creado una plataforma para asociarse y poder recurrir el mismísimo decreto ley 5/2010 de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía ante el TSJA. Y lo hacen porque consideran que ese decreto ni ahorra dinero como ha vendido la propia Junta de Andalucía ni es legal, ya que atenta contra los principios de igualdad, mérito y capacidad puesto que supone de forma encubierta meter en la Junta a casi 20.000 trabajadores procedentes de empresas públicas y entes instrumentales que no tenían esa condición.

Pero además la premura con la que el Gobierno andaluz quiere llevarlo a cabo (antes del 31 de diciembre) pone de manifiesto unas prisas sospechosas. Y es que con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina no es de extrañar que vean con recelo el intento de hacer fijos a casi 20.000 trabajadores externos de empresas públicas y entes instrumentales. Una incorporación a la Administración pública en régimen de contratación laboral que supondrá, segun argumentan, «la desvalorización de los empleados públicos» .

Citación

El TSJA, que ya citó a los miembros de esta plataforma a una comparecencia para determinar si es competente para entender sobre el asunto, tendrá que decidir sobre una denuncia en la que los empleados recuerdan que el asunto puede afectar a 23.476 empleados públicos . De ellos, 19.993 no son personal de la Junta (los que quieren regular). Y luego 1.474 laborales de la Administración autonómica a los que hay que sumar otros 2.069 funcionarios.

La denuncia, un recuso para la protección y tutelar de los derechos fundamentales, considera que ese decreto lesiona el derecho a igualdad de trato y no discriminación de acceso al empleo público de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y es una discriminación que los trabajadores de los entes instrumentales pasen a desempeñar idénticas funciones en régimen de derecho laboral «sin tener ninguna relación pública de servicio con la Junta ni haber accedido a dichas plazas por proceso público de concurrencia competitiva basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad».

Además, estos trabajadores dicen que el decreto les pone en situación de «absoluta indefensión «lesionando tanto a nivel individual como colectivo a todos los profesionales al servicio de las administraciones públicas que ostentan la condición de empleados públicos. También cuestionan la preparación de los que van a entrar cuando aseguran en su denuncia que el nuevo sistema «no acredita de forma jurídica la capacitación profesional de los empleados públicos.

Y tampoco comprenden la razones por las que los empleados públicos van a tener que prestar sus servicios bajo las órdenes de este personal así contratado. Por todo ello, los trabajadores que también le han entregado escritos al Defensor del Pueblo Andaluz, al PP e IU,no piensan parar en sus protestas. El jueves llevaron sus reivindicaciones al Parlamento y siguen con sus graves acusaciones. Algunas, como la que hace uno de ellos, Pedro Ruiz, es tajante: «Pretenden que el hijo (por estos trabajadores) se coma al padre» (los empleados públicos de la Junta). Y lo que hay detrás es, según dicen, un intento de vaciar de contenido su trabajo para decir luego que sobran funcionarios . De hecho con todo el trabajo que le han quitado para dárselo a otros trabajadores, les ha dejado con el 70 por ciento de trabajo que antes tenían para desarrollar.

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