El peor fantasma de Alfredo Sánchez Monteseirín ha vuelto a aparecer, cinco años después, por los pasillos del Ayuntamiento. Ya le duele menos al alcalde socialista, que está haciendo las maletas y apenas se juega nada políticamente, pero el nuevo affaire de obras no ejecutadas pese a ser pagadas por un distrito gestionado por el PSOE ha venido a poner en evidencia que, más que un caso puntual como aquel que se juzgó en la Audiencia y que acabó con algún asesor del regidor en la cárcel, se trata de un sistema establecido durante los años de apogeo del mandato, del 2000 al 2005. La sensación de que se trata de una trama mediante la cual se recababan apoyos electorales —y posiblemente fondos— a cambio de dinero público en obras o subvenciones sin demasiada justificación es ya imparable tras conocerse las últimas novedades policiales. Todo en el Distrito Este coincide prácticamente a la perfección con lo ocurrido en Macarena en la misma época.
Desde el pasado lunes, ABC viene contando que a raíz de una denuncia de mayo de 2007 de la organización vecinal CAIS, que preside José Baena, el Juzgado de Instrucción 20 de Sevilla ordenó una investigación a la Policía de la que se ha concluido que el Distrito Este, bajo el control absoluto del PSOE desde 1999, pagó en 2003 varias obras que no se habían ejecutado a una constructora afín, de dos destacados militantes del partido en Torreblanca que habían endosado al Ayuntamiento facturas a todas luces falsas, pues los trabajos en varias calles de Alcosa no se llegaron a hacer. En concreto, se demostró que tres facturas, por importe de 5.266 euros, son absolutamente falsas, que la contabilidad de la empresa no coincide con lo que reflejan las cuentas del distrito y que, además, hay hasta 140.000 euros de obras no justificadas debidamente.
Todo un agujero negro. Detrás de esa empresa, J.P. Construcciones, estaban Juan José Pérez Parra, «Pepe el albañil», ya fallecido, y su mujer, María Onia, los dos del «núcleo duro» del partido en el distrito. Ambos fueron interventores por el PSOE en los comicios de 2007, por ejemplo, y precisamente desde ese año Onia forma parte de la junta municipal del Distrito Este, el mismo que otorga obras menores a su empresa. Obras abonadas por cheque desde la Plaza Nueva justo antes de las elecciones de 2003. ¿A cambio de qué?
Cuentan diversas fuentes en el barrio y en el propio partido que los dos son los clásicos componentes del tejido ideológico-vecinal del PSOE para la captación y control de votos. Sobre ellos, en ese distrito, el organigrama del PSOE estaba comandado por Francisco Fernández, que tras aquellos comicios de 2003 fue premiado por Monteseirín y se convirtió en concejal. Al lado de «Fran», Ángel Cervera y Ángeles Nevado —ambos ahora imputados por el «caso Unidad», también por facturas falsas colocadas al Ayuntamiento y la Diputación— para enlazar con las asociaciones de vecinos; y otros para el «seguimiento» de las obras. O sea, del dinero. El descaro fue tan grande como ahora lo es el escándalo. En ese entramado se movían las subvenciones y la concesión de obras a pequeñas empresas afines, como J.P., que luego pasó a denominarse Copam para seguir recibiendo múltiples adjudicaciones del distrito.
El caso es un calco del que estalló en el Distrito Macarena por hechos semejantes y justo en la misma época. Dinero librado desde el Ayuntamiento a espuertas para pagar un sinfín de pequeñas obras encargadas en distritos controlados a constructoras afines, siempre las mismas, el mismo grupo... y facturas falsas para justificar esa adjudicación tras comprobarse que las obras no se habían reaizado realmente. Todos los pagos, precisamente, con cheques en las semanas previas a las elecciones municipales de 2003, las únicas ganadas por Monteseirín. Aquellos hechos fueron denunciados dos años después por el PA a raíz de un mínimo detalle, un derribo de un chozo pagado por el Ayuntamiento a una empresa que nunca se produjo. Eso hizo estallar la bomba y que empezaran a aflorar empresas y trabajos no hechos o no acabados pese a haberse pagado desde las arcas municipales. Y, casualmente, los beneficiarios del dinero eran personas ligadas al PSOE.
Tuvo que dimitir el delegado del distrito, José Antonio García, y su secretario, José Marín, aunque sólo éste —que había sido asesor de Monteseirín incluso en la Diputación— acabó siendo procesado por firmar los cheques para pagar obras inexistentes. Junto a él, terminó enjuiciado y acusado el representante de la principal empresa implicada, COS, José Pardo, que había sido escolta del alcalde en mítines y que el pasado verano ingresó en prisión como Marín por malversación de caudales públicos y falsedad documental. Los dos fueron los chivos expiatorios de un entramado mucho mayor, pues el número de empresas que se repartían el pastel del distrito era elevado y el juego de intereses evidente.
Sólo un puñado de obras acabaron llegando a la Audiencia, entre otras cosas por la instrucción del asunto por parte del Juzgado, que dejó mucho que desear y se empeñó en no aumentar la causa con nuevas aportaciones tirando más del hilo. Se limitó, como la Fiscalía. En eso también son muy parecidos ambos casos, pues resulta extraño comprobar cómo ahora, en el Distrito Este, la juez mantiene el asunto apenas sin avances desde que la Policía concluyera que había facturas falsas. Eso fue hace algo más de dos años y desde entonces prácticamente nada se ha avanzado ni apenas se han practicado diligencia.
