La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido ordenar la realización de una investigación sobre la situación en la que se encuentra Mercasevilla para dilucidar si el Ayuntamiento infringe la normativa comunitaria de libertad de empresa en el caso del mercado de mayoristas de pescados. La noticia llega a la lonja pública en un momento en el que tiene tres procesos abiertos en el juzgado por presuntos cobro ilegal de comisiones, venta fraudulenta de sus suelos y delito societario. Y ante esta situación extrema que ha abocado al mercado público a arrastrar un pasivo de nueve millones de euros de deuda, Bruselas ha decidido admitir a trámite una queja de los mayoristas de pescados en la que se denuncia «la situación de abuso, monopolio y posición dominante que ejerce Mercasevilla sobre los mayoristas» en tanto que «se les exigen comisiones abusivas que repercuten en el precio final del pescado a los consumidores».
El pasado día 11, la presidenta de la Comsión de Peticiones del Parlamento Europeo, Erminia Mazzoni, envió una comunicación a Mercasevilla para informar de que este departamento «ha decidido solicitar a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema», pues ha decidido admitir a trámite la queja «debido a que las cuestiones que se plantean en ella inciden en el ámbito de actividades de la Unión Europea».
Es decir, desde Bruselas se entiende que el Ayuntamiento podría estar vulnerando la libertad de empresa y cobrando unas tarifas que no se ajustan a la normativa vigente. De hecho, ya existe una resolución del Tribunal de la Competencia de octubre de 2002 que declaraba «acreditada una práctica restrictiva de la competencia» prohibida expresamente por la Ley de Defensa de la Competencia. Dicha resolución fue, además, ratificada en una sentencia promulgada por la Audiencia Nacional en julio de 2006, que reiteraba que «las conductas descritas son contrarias a la libre competencia».
Pero el Ayuntamiento no ha modificado su fórmula de gestión de la lonja. Es más, aprobó el pasado viernes una subida del 3,1 por ciento en las tarifas que se le aplican a los mayoristas. Y en la última comisión ejecutiva de la empresa, el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, se mantuvo en su idea de que «no es el momento de iniciar la negociación» con los empresarios, según consta en las actas, a las que ha tenido acceso ABC. Torrijos ya ha abandonado su puesto en el consejo de administración de Mercasevilla, pero en su lugar ha sido designada su asesora Juana Martínez, que mantiene las mismas tesis. Y el alcalde no toma partido, pues en el pacto de Gobierno la gestión de Mercasevilla cayó del lado de IU.
El Ayuntamiento, por tanto, desoye a la Justicia en este caso y mantiene su modelo intervencionista sobre el mercado de pescados.
Pero los empresarios no han descansado ante esta actitud y en junio de este año decidieron plantear el problema a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo amparándose en las dos sentencias judiciales a su favor. Y ante la documentación presentada, Bruselas ha decidido encargar una investigación para certificar si el Ayuntamiento está inclumpliendo la normativa comunitaria hasta el punto de «infringir la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en los artículos que contemplan los principios de libertad de empresa, igualdad, no discriminación y protección de los consumidores».
Al Tribunal comunitario
En el caso de que la investigación encargada «constate que la legislación comunitaria ha sido incumplida», la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo advierte de que «puede incoar un procedimiento de infracción que puede desembocar en una sentencia del Tribunal de Justicia». Eso lo decidirán los miembros de dicha Comisión una vez finalizada la citada investigación. Entonces se incluirá el asunto en una sesión ordinaria de este departamento, donde se escuchará a las partes y se procederá a votar si el caso queda en manos del Tribunal Europeo.
¿En qué podría acabar este proceso?
El desenlace que la medida de Bruselas puede provocar en el Ayuntamiento de Sevilla es muy variado. Si el Gobierno sigue sin ceder después de que se constate que infringe la normativa vigente, se podría incluso dejar el asunto en manos de la Justicia Comunitaria. Pero la Comisión de Peticiones también contempla otras fórmulas, como instar al presidente del Parlamento a que «intervenga directamente ante las autoridades nacionales». La resolución del caso se prevé para la próxima primavera.
