El caso Mercasevilla comienza a entrar en su fase más crítica. Desde que ABC publicó la grabación en la que el director y su adjunto, Fernando Mellet y Daniel Ponce, ambos nombrados por la coalición PSOE-IU, pedían una comisión a dos empresarios para realizar una escuela de hostelería en el mercado, la juez instructora, Mercedes Alaya, ha ido abriendo nuevas ramificaciones en la investigación hasta imputar a 19 personas. El delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla hasta hace unos meses, el socialista Antonio Rivas, fue el primer político señalado por la instrucción. Pero después han venido más. El concejal del Ayuntamiento Gonzalo Crespo y el director de Vía Pública, Domingo Enrique Castaño, ambos socialistas, también están ya en la lista de imputados. Pero los últimos movimientos del juzgado anuncian que la juez está pisando los talones del actual Gobierno municipal. No en vano, el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), presidió el mercado público durante el tiempo en que se cometieron los presuntos delitos investigados. Y su socio de gobierno y primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), era el vicepresidente y gestor político de la lonja desde 2003 hasta hace apenas un mes, fecha en la que consiguió algo que venía buscando desde que estalló el escándalo: abandonar el consejo de administración. En los últimos días, Alaya ha imputado al hombre de confianza del alcalde desde que éste accedió al poder en 1999, Manuel Marchena, por la venta irregular de los suelos del mercado. Y ha anunciado que llamará a declarar a Torrijos, al que está investigando, cuando determine si existen indicios o no para imputarlo o citarlo como testigo. Así que aunque hasta ahora el caso parecía tener un cortafuegos entre los cargos técnicos y los actuales responsables políticos, los acontecimientos parece que van a precipitarse. De momento, la situación es la siguiente. El caso se subdivide en tres ramas: el intento de cobro ilegal de comisiones a dos empresarios —que dio origen a la investigación—; la venta «fraudulenta» de los suelos del mercado a la promotora Sando; y el delito societario. Desde que se abrieron las diligencias tras la denuncia del PP —los empresarios dieron la grabación al PSOE y el partido se limitó a mandarla a la Fiscalía, que no actuó—, la empresa ha pasado de tener un beneficio ficticio de 258.000 euros a acumular una deuda pasiva de nueve millones.
Primera rama: comisiones
En este apartado, cuya instrucción ya ha finalizado, están imputados el director gerente, Fernando Mellet, el subdirector, Daniel Ponce, la secretaria de dirección, Regla Pereira, y el entonces delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas. Todo surgió a partir de una grabación en la que Mellet y Ponce pedían una comisión a los hosteleros de La Raza para realizar una escuela de hostelería. En la conversación, Mellet señala a Rivas.
Segunda: venta del suelo
La juez Alaya descubrió que los terrenos de Mercasevilla habían sido adjudicados, por concurso público, a la constructora Sanma, filial de Sando, pese a que Noga, del grupo Osuna, había ofrecido 60 millones de euros más. La investigación determinó que dicho concurso podría haber sido «amañado». En esta rama ha imputado a doce personas, algunas directamente vinculadas con el alcalde, como sus asesores Manuel Marchena y Domingo Enrique Castaño. Y por esta vía sigue la juez la pista de Torrijos, a quien Mellet, también imputado en esta causa, señala como patrocinador de la fórmula por la que se adjudicó el suelo.
Tercera: delito societario
Es la vía menos investigada hasta hora. Fue denunciada por el PP y Alaya ya ha imputado a Mellet y Ponce. Sin embargo, también se señala a Torrijos como patrono de la Fundación Socioasistencial, que tenía un agujero de 1,2 millones de euros mientras presentaba cuentas favorables. Una de las pruebas aportadas en la denuncia es el envío de una grúa a Cuba por parte de Torrijos por valor de 36.000 euros para demostrar que el líder comunista tenía capacidad de gestión en dicha fundación.
