Miles de empleados públicos se manifestaron por las calles de Sevilla contra el decreto de reordenación de la Administración andaluza del pasado 27 de julio, pero, ¿qué significa este decreto? ¿Cuándo se aprobó? ¿Por qué? ¿Cómo les afecta a los funcionarios? ¿Y a los ciudadanos? Para aquellos que todavía no sepan de qué va el «funcionariazo», Alicia Martos, responsable autonómica del Sindicato Independiente de Funcionarios (CSIF), nos da todas las claves.
1. -¿Qué plantea este último decreto aprobado por la Junta el 27 de julio?
-Ese día la Junta de Andalucía aprobó un decreto ley que lo que ha hecho ha sido blanquear una administración paralela que se venía acordando desde los últimos 25 ó 30 años. Para nosotros ha sido el mayor atentado contra el empleado público en la historia de este país, no ya de la democracia.
2. -¿Para qué se gesta una administración paralela?
-La Junta, en los últimos 30 años, para eludir controles financieros y de gastos, habría creado una administración paralela al margen de los empleados públicos que entran en la Administración mediante los procesos que todo el mundo conoce y que están en la Constitución: los principios de igualdad, méritos... es decir, oposiciones. Por tanto, esta administración (procedente de una red de empresas públicas y entes societarios, como cualquier empresa privada) ejercería potestades que según la Constitución le corresponden en exclusiva a los funcionarios.
En la Junta hay agujeros presupuestarios increíbles
3. -¿Qué ha provocado?
-Ello ha provocado un alud interminable de recursos por parte de particulares y de las organizaciones sindicales.
Sin embargo, creemos que ha habido un punto de inflexión bastante importante cuando la Junta de Andalucía se ha encontrado con una serie de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y, en particular, una del Tribunal Supremo, que ésta sí crea ya jurisprudencia, condenando a la Junta por este tipo de actitudes. En este sentido, las sentencias hacen alusión a cómo la Cámara de Cuentas que hace anualmente un resumen de los controles al conjunto de las Administraciones públicas, no puede hacer un control de esta administración paralela porque está sometida no al derecho público, sino al derecho privado.
4. -¿Qué pasó a partir de la aprobación de este decreto?
-En el mes de julio se le da carta de legalidad, vía este decreto ley, a esta administración paralela huída del derecho administrativo a lo largo de 30 años. Es muy importante resaltar que en la Junta hay agujeros presupuestarios increíbles y que esta administración paralela le ha costado a los ciudadanos, no solo por sus cuentas deficitarias, sino porque ejercen las funciones para las que ya estamos los empleados públicos.
5. -¿Cómo surgen las agencias?
-En este sentido, el decreto prevé un nuevo modelo de gestión pública. A partir de ahora la prestación de servicio público prestada por los empleados públicos, tal como siempre lo hemos conocido, va a ser prestada por personal de procedencia privada, que pasan a estar englobados comúnmente, tanto empleados públicos actuales como este personal, que hasta eran del ente societario, y que pasan a denominarse agencias. La previsión de entrada en vigor de estas agencias y tal como lo prevé el decreto es que todas tienen que estar en funcionamiento el 1 de enero de 2011, con sus estatutos aprobados y sus propios protocolos de integración.
6. -¿Qué denuncian los funcionarios?
-Venimos a denunciar que hay una privatización de la Administración, que desde el momento que se huye del derecho administrativo, tal y como insistimos, preconizan la Constitución y todas las leyes administrativas y el estatuto básico del empleado público.
Nunca perderemos la esperanza, sobre todo, en los tribunales de Justicia
7. -¿Qué sensación hay entre los funcionarios?
-Creemos que nunca debemos perder la esperanza, sobre todo, en los tribunales de Justicia, porque son quienes vienen a aplicar las leyes y creemos y somos conscientes que los recursos por vía especial de protección de derechos fundamentales, en este caso el que tiene planteado CSIF, terminarán siendo reconocidos. Pero si el Gobierno andaluz insiste en perseverar en su postura de "inmovilismo" y de que no va a retirar ni derogar este decreto (que fue lo que pedimos el conjunto de los empleados públicos por las calles de Sevilla el pasado día 13), no hay nada que negociar. Luego, la esperanza de los empleados públicos es que tanto el presidente Griñán como su consejo de Gobierno no le den la espalda una vez más al clamor popular y a la realidad que está en la calle. El presidente Griñán estaría haciendo un grave ejercicio de irresponsabilidad si no escuchara ese clamor popular.
8. -¿Cómo afecta a la propia figura del funcionario?
-Con este decreto se agravian derechos porque pretenden meter por una puerta falsa en la Administración pública a personas que no han accedido a ella en esas condiciones de igualdad, méritos, capacidad y publicidad que preconiza y dice la Constitución y las leyes.
9. -¿Y al ciudadano?
-En cuanto al ciudadano, es importante para él que conozca que el artículo 103 de la Constitución dice que la Administración sirve con objetividad los intereses generales. Cualquier ciudadano cuando se acerque a cualquier oficina de la Administración, tiene derecho a que se le resuelvan sus problemas de una forma imparcial y objetiva, porque sabe que quien lo va a atender detrás es un empleado público y va a actuar con sometimiento pleno a la Ley y al derecho. Eso es lo que nosotros a partir de ahora ponemos en duda, porque no es lo mismo mantener una Administración pública que se nutra con un personal independiente, que nadie le ha regalado nada, a un personal que podemos sospechar que puede tener a partir de ahora intereses serviles. Es decir, el empleo público hasta ahora era un garante de imparcialidad y de independencia, pero a partir de ahora no podemos tener tan claro que esto pueda suceder.
10. -¿A cuántos trabajadores de la Junta atañe?
-La Administración general de la Junta de Andalucía se compone de alrededor de 52.000 empleados públicos, entre personal laboral y personal funcionario. Y ahora con esta integración en la función pública, pues se pretende introducir entre 25.000 y 30.000 empleados más, que le quieren dar la calificación de empleado público. No son empleados públicos, salvo aquéllos que dice el Estatuto Básico del Empleado Público y la Constitución.
