El responsable del área de política municipal del PSOE en Baeza, Antonio Garrido Santoyo, que ha cobrado hasta ahora una prejubilación de Mercasevilla de 112.000 euros sin haber trabajado jamás en la lonja dimitió ayer y entregó su carné de militante al partido pese a que insiste en que no ha cobrado «ni un euro» del mercado y en que no sabe «por qué aparece su nombre en la lista» del ERE que maneja el juzgado. A última hora de la noche la agrupación local del PSOE de Baeza envió un comunicado para certificar que Garrido Santoyo «ha presentado su dimisión del cargo que ocupa en la Ejecutiva Local y ha puesto su carnet de militante a disposición del Partido hasta tanto sean aclarados los hechos dejándolos en manos de la Justicia». Es exactamente la misma medida que adoptaron los directivos del mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce cuando estalló todo este escándalo de corrupción en el que ahora son los principales imputados. Sin embargo, pese a la dimisión fulminante de Garrido, el portavoz del PSOE-A en el Parlamento, Mario Jiménez, aseguró que todo esto es un intento del PP de «ensuciar la vida política», ya que esta información «no merece más comentario» y «es fruto de una composición que hace el PP de una realidad distinta y que forma parte de una campaña». No obstante, el contraataque de Jiménez no tuvo respuesta, pese a las insistentes preguntas de los periodistas, a por qué el juzgado que instruye este caso maneja dos documentos en los que aparece Garrido Santoyo como cobrador de este ERE a razón de 5.876 euros mensuales hasta el pasado mes de abril, además de otras 18 pagas hasta 2035. El portavoz del PSOE reiteró que, pese a las evidencias documentales y la dimisión inmediata del socialista implicado, todo «es fruto de una composición que hace el PP».
Pero los documentos que maneja el juzgado no admiten duda sobre el pago de 112.000 euros al hasta ayer responsable del área de política municipal del PSOE de Baeza, Antonio Garrido Santoyo, como prejubilado de Mercasevilla pese a que jamás pisó la lonja pública. Y ni en su partido, ni en la Junta de Andalucía, ni en el Ayuntamiento de Sevilla se sabe nada del asunto por mucho que haya tenido que dimitir en 24 horas. Este periódico solicitó ayer una explicación a todos los estamentos del PSOE y de la administración pública tanto a nivel local como autonómico relacionados con el caso. Pero nadie contestó. Desde la Consejería de Empleo se mantuvo total silencio en cuanto a Garrido mientras se reiteraba a través de un comunicado que la Junta no tiene ningún compromiso de pago con el ERE de 2007 aunque su director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, firmara un documento el 5 de noviembre de 2007 en el que se lee: «Esta Dirección General de Trabajo muestra su conformidad a que se suscriba una póliza para 19 ex trabajadores de Mercasevilla comprometiéndose a abonarles las siguientes cantidades...». Lo que mantiene Empleo ante el comité de empresa del mercado es que ese documento pertenece a un expediente que no se llegó a culminar y que se trata de un texto aislado.
Ha cobrado prejubilación de 112.000 euros sin haber trabajado en Mercasevilla
La estrategia de dejar el caso en manos de la propia empresa fue anunciada por el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Moriña, que manifestó el «deseo» de su partido por «colaborar con la Justicia y que se esclarezcan los hechos», aunque la responsabilidad de denunciar este hecho se le dio exclusivamente al consejo de administración de la lonja. Quien sí se refirió al asunto con claridad fue el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, principal imputado en las tres ramas de la instrucción. Fuentes de su entorno aseveraron a ABC que Mellet «no conoce de nada a ese señor, que puede asegurar que nunca ha trabajado en Mercasevilla y que el ERE que él firmó no incluía a Garrido Santoyo». A este respecto, las mismas fuentes señalan que si el citado miembro de la ejecutiva de Jaén aparece como prejubilado «tuvo que ser incluido con posterioridad a la firma del ERE entre Mercasevilla y la Junta», por lo que Mellet asegura sentirse «muy tranquilo» ante este nuevo descubrimiento. De hecho, el PP apunta a «una trama» en la que estarían implicados directamente Juan Lanzas —el «conseguidor» socialista que logró la subvención de la Junta para la escuela de hostelería de Mercasevilla— y su cuñado Ismael Sierra —dueño de la empresa que cobró 143.145 euros por asesorar el ERE, Maginae Solution—. Garrido Santoyo es «amigo íntimo» de ambos desde que comenzaron su andadura política en el PSOE de Jaén, donde manda desde hace décadas Gaspar Zarrías, el hombre al que los populares miran ya sin contemplaciones mientras los socialistas justifican su política de manos limpias con la marcha inmediata de todos sus militantes implicados en el asunto. Pero no hay que olvidar que Mellet y Ponce sólo se fueron cuando el caso fue destapado por ABC pese a que el PSOE conocía la grabación que dio origen al caso desde bastantes semanas antes.


