Como escribía ayer en estas mismas páginas Alberto García Reyes si existiera un máster para aprender a desviar dinero público, Mercasevilla sería la asignatura central. El mercado de abastos de Sevilla se había convertido en los últimos años, según se va sabiendo, en un muestrario en el que las más diversas formas de corrupción han tenido su asiento. Desde pedir comisiones a cambio de ayudas públicas hasta vender suelo al peor postor o saquear una fundación creada con fines sociales. Ahora, en un nuevo salto cualitativo, se descubre que algunos de los trabajadores despedidos que oficialmente cobraron una indemnización tras aplicarse un expediente de regulación de empleo ni siquiera trabajaron en Mercasevilla.
El Gobierno andaluz y el PSOE se han apresurado a anunciar, tras la aparición de los prejubilados fantasmas, que resplandecerá la Justicia caiga quien caiga. Hasta ahora lo único que ha hecho el Partido Socialista para aclarar la corrupción en Mercasevilla es recordarle al PP el caso Gürtel, retrasar las denuncias, negarse a crear comisiones de investigación en el Ayuntamiento y en el Parlamento e intentar apartar a toda costa a la jueza Mercedes Alaya de la instrucción del caso. Como quiera que uno de los que presuntamente cobraron el ERE sin pisar el mercado central de abastos, además de los principales imputados en la trama, es casualmente otro dirigente socialista nos permitirán que dudemos de estas nuevas poses justicieras. La cuestión es bien simple: que aclare el Gobierno andaluz en qué cuenta corriente se ingresó el dinero defraudado. Sólo así sabremos si cobraron los prejubilados fantasmas, si cobró el partido, como sostiene el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, o si el dinero se perdió en las manos de los asesores y cargos públicos que tramitaron el ERE. Todos los demás intentos de enredar el asunto sobran.
El gesto del nuevo consejero de Empleo, Manuel Recio, de negarse a refrendar el último ERE que estaba ya pactado con la dirección de Mercasevilla es sumamente revelador. Supone de hecho una ruptura con el anterior modelo de gestión. Como uno de los imputados es el que fuera delegado de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, cabe preguntarse en cuantos de los cientos de eres que ha tramitado la Junta en los últimos años han ocurrido cosas parecidas. Si de verdad quieren que resplandezca la Justicia que empiecen a revisar uno a uno los expendientes de los eres aprobados en los últimos años. Caiga quien caiga. Sólo así la Junta dejará de ser el centro de todas las sospechas.
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