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Los sindicatos alaban el «ejercicio de responsabilidad» del PP-A

Arenas tacha de «propagandísticos» los acuerdos cerrados por Griñán y Rubalcaba

ABC

j. m.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, mantuvo ayer una reunión en el Parlamento con los máximos representantes de CC. OO.-A y UGT-A, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente, sobre la reforma del sector público que pretende la Junta, también conocida como el «decretazo» del enchufismo.

Tras la reunión, ambos responsables sindicales alabaron el «ejercicio de responsabilidad» del PP-A, por estar dispuesto a alcanzar un acuerdo en la tramitación como proyecto de Ley de la reordenación del sector público, tras haber pedido con anterioridad la derogación del decreto. Por parte del PP-A, su secretario general, Antonio Sanz, mostró el compromiso de su formación a buscar el «máximo consenso» político y sindical en torno a esta cuestión.

Antes, ayer por la mañana, Arenas centró parte de su intervención en un acto público con alcaldes de su partido y con la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, en criticar, por propagandísticos, los acuerdos alcanzados por Gobierno y Junta y que anunciaron el día anterior el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente andaluz, José Antonio Griñán. «La reunión de ayer me parece muy propia del vicepresidente bis: mucha propaganda y mucho ruido, pero las nueces podridas», sentenció.

El líder del PP-A se refirió, de entrada, al convenio que firmarán Junta y Gobierno sobre vivienda que supone, en su opinión, un «recortazo monumental», ya que teniendo en cuenta el número de VPO que están calificadas en el Plan Concertado, «lo que se hace es recortar 1.000 millones, aunque se nos quiera vender que nos dan 300 millones».

Sobre la transferencia de costas, expresó «todas las dudas del mundo» que se haga efectivo el 1 de enero y mostró su su extrañeza sobre que no fuera el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, quien anunciara el traspaso. Arenas también se refirió a la filtración del barómetro de opinión pública del IESA, que, según fuentes cercanas a este organismo aseguraron a ABC, establecía una diferencia de diez puntos en intención directa de voto a favor del PP. Ante esta situación, reclamó al Gobierno andaluz que, si tiene ya en su poder la encuesta, le haga llegar de inmediato el sondeo, por financiarse con «fondos públicos».

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