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El PSOE califica de «fascistas» a los funcionarios que se oponen al «decretazo»

Jiménez advierte que la Junta tomará «las acciones que sean precisas» contra los trabajadores que no acudan a su puesto el día de la manifestación

j. m. serrano

j. m.

El anuncio de los sindicatos de funcionarios que se oponen al decreto del «enchufismo» de convocar una manifestación el día 22 para pedir su derogación y, sobre todo, la amenaza de boicotear los actos de campaña del PSOE para las municipales si la Junta no lo retira, ha encendido todas las alarmas en ese partido. La reacción ayer de tres de sus principales dirigentes así lo atestigua, especialmente, la de su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, al tachar de «fascistas» a los representantes de estos sindicatos y plataformas —Csif, Safja y Ustea— que amenazaron con protestas en actos electorales del PSOE.

Pero no fue este el único calificativo que emplearon el propio Jiménez, la consejera de Presidencia y portavoz, Mar Moreno, y la secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, para referirse al pulso que los sindicatos mayoritarios en la función pública le están echando al Gobierno andaluz para que retire un decreto que, según mantienen, hará fija a la administración paralela de la Junta. El nerviosismo de estos dirigentes se traslucía también en palabras y expresiones como «lamentable», «claramente politizada contra el Gobierno», «amenazante», «hostil», «chantaje», «coacción» y «extorsión a la Junta», «peligrosamente próximas a actitudes del pasado», «radicales», «extremistas» o «rebasar la línea roja de lo que es democrático».

Y es que con el anuncio del lunes y las comparecencias mantenidas ayer por estos sindicatos en el Parlamento está claro que las protestas multitudinarias de los funcionarios del pasado otoño lejos de desactivarse siguen bastante vivas. Por ello, de poco parece haber servido que el Gobierno andaluz retrasara seis meses la entrada en vigor del decreto de la discordia y decidiera tramitarlo en el Parlamento como proyecto de Ley.

Argumentario a tres voces

Estos gestos no han calado en el colectivo mayoritario de funcionarios, a tenor del anuncio de nuevas movilizaciones incluso en campaña electoral, por lo que los socialistas reaccionaron ayer desde tres frentes. De entrada, descalificando a los sindicatos que anunciaron protestas en campaña ; en segundo lugar, afirmando que hay intereses ocultos tras ellas que sólo buscan desgastar al Gobierno; y, tercero, que el culpable de todo es el PP, que o está detrás de las protestas o engaña a los funcionarios.

Este argumentario lo desgranaron ayer, como si fuera una obra en tres actos, Jiménez, Díaz y Moreno. El primero fue el más agresivo al calificar de «fascismo» la advertencia de los funcionarios de que boicotearán los actos del PSOE. En su opinión, este aviso constituye una «amenaza muy grave que refleja que enmascarados en la representación de los trabajadores públicos hay elementos fascistas», ya que «no se puede agredir el derecho de un partido político de poder desarrollar una campaña».

El portavoz tuvo también tiempo para lanzar una advertencia a los funcionarios sobre la manifestación que realizarán el 22 de enero. al afirmar que la administración tomará «las acciones que sean precisas» contra los trabajadores que no acudan el sábado a sus puestos de trabajo.

La secretaria de Organización del PSOE-A puso, en cambio, el acento en la actitud «amenazante y hostil» de estos funcionarios que, en su opinión, tienen una actitud que raya en la «coacción y extorsión» al Ejecutivo andaluz para «forzar» la retirada del decreto. Según Díaz, los portavoces de esa plataforma, que «no representan a toda la función pública andaluza» , «rebasan la línea roja de lo que es democrático».

Estrategia calculada del PP

La dirigente socialista vinculó el anuncio de los funcionarios de protestar en actos del PSOE con las declaraciones de la portavoz del PP, Rosario Soto, en las que afirmaba que la Junta trataba de tener una campaña electoral tranquila aplazando la entrada en vigor del decreto, «lo que no va a conseguir» . En opinión de Díaz, «los hechos y palabras de Soto demuestran que todo responde a una estrategia calculada del PP, que está haciendo un uso mezquino de los trabajadores» para desgastar a la Junta.

La portavoz del Gobierno fue la más moderada en sus argumentos, aunque calificó de «bastante lamentable» que los sindicatos opten por la protesta en lugar de llevar propuestas al Parlamento. Moreno lamentó, además, la «crispación y la radicalidad» que se han instalado en sectores «minoritarios» y que tienen «una clara intencionalidad política». «Lo que hace falta ahora son propuestas y no protestas», reclamó.

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