A. MALLADO
Fachada principal del edificio que ha sido clausurado
La inspección de trabajo ordenó ayer por la tarde la clausura de los juzgados 1 y 2 de la ciudad por la falta de garantías que le ofrece el informe que permitió la reapertura del edificio tras el cierre anterior, que tuvo lugar el pasado 1 de diciembre y que fue debido a la aparición de un socavón a la entrada del inmueble.
El cierre por ahora tiene carácter indefinido, pero desde el sindicato CSIF se advierte de que el mal estado general del edificio no aconseja que vuelva a ponerse en uso. La Inspección de Trabajo, ha pedido a la Administración que se acredite documentalmente la certificación de seguridad estructural del inmueble. La Junta cuenta con un informe, fechado el pasado día 14 de diciembre y firmado por tres arquitectos, en el que se dice que las instalaciones pueden ser habilitadas y usadas.
Vivienda antigua
Los juzgados 1 y 2 de los cuatro que tiene la ciudad, así como el registro civil, se ubican en una antigua vivienda de principios del siglo pasado, situada en la Plaza del Duque. La antigüedad del inmueble y la falta de adecuación para su uso han sido denunciadas en varias ocasiones por el sindicato CSIF. El pasado 1 de diciembre, coincidiendo con las obras de reurbanización del entorno que lleva a cabo el Ayuntamiento, se abrió un gran socavón en la entrada del edificio. Era apreciable desde la calle y se adentraba en el edificio. Entonces se cerró el inmueble ante el temor de que el hundimiento del terreno pudiera poner en peligro la estabilidad del edificio.
La causa del socavón se encontró en la presencia de una antigua fosa séptica que las obras habían sacado a la luz. Entonces se optó por rellenar el hueco y la Junta decidió reabrir el inmueble una vez analizado el informe elaborado por una empresa especializada que garantizaba la seguridad del edificio y de sus ocupantes.
Poco después miembros de CSIF visitaron el edificio para constar su estado. Además de comprobar las numerosas deficiencias que presenta, verificaron que los funcionarios desconocían los términos del informe que autorizaba la apertura.
