Ofensiva de UGT y CC.OO. a favor del «decreto del enchufismo»
La Junta aplaude el apoyo a un texto que califica de «vacuna contra la privatización»
A medida que se acerca la jornada del sábado, en la que está prevista en Sevilla una manifestación convocada por sindicatos de funcionarios y plataformas de empleados públicos en contra la reordenación de la Administración andaluza a través del denominado «decreto del enchufismo», las organizaciones sindicales que sí respaldan esta iniciativa de la Junta, UGT y CC.OO. han comenzado ha hacer valer su fuerza para evitar que el Gobierno andaluz dé marcha atrás.
Más de 1.500 delegados de UGT y CCOO se encerraron y concentraron ayer en las delegaciones del Gobierno de la Junta en las ocho provincias andaluzas en defensa del sector público y para reivindicar que el decreto ley de reordenación que se está tramitando en el Parlamento respete lo acordado el pasado 29 de octubre entre el Gobierno andaluz y ambos sindicatos.
Esta concentración, informa Ep, se desarrolló en todas las capitales, excepto en Jaén, donde esa movilización tendrá lugar hoy, según indicaron ambos sindicatos en sendos comunicados. El objetivo era advertir a la Junta de Andalucía de que «no se le va a permitir dar un paso atrás en la reordenación de los servicios públicos en Andalucía».
Igualmente, reclamaron que las enmiendas presentadas al texto se incorporen a la futura ley en el trámite parlamentario.
Acciones positivas
El coordinador del área pública de CC.OO. de Andalucía, Felipe Falcó, que estuvo en la concentración de Sevilla acompañado por el secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato, José Blanco, calificó las acciones de positivas, y aseguró que si la Junta no acepta el acuerdo «tendrán enfrente a CCOO y UGT y continuaremos llevando a cabo movilizaciones sin descartar, incluso, una huelga general».
CC.OO. precisó que durante las concentraciones los representantes sindicales fueron recibidos en la mayor parte de las provincias por cada delegado del Gobierno de la Junta, a los que explicaron sus propuestas y reivindicaciones.
En el caso de Sevilla, la delegada Carmen Tovar aseveró a los representantes del área pública de CC.OO.-A y UGT-A, Felipe Falcó y Antonio Tirado, y a los secretarios generales de ambas uniones provinciales, Alfonso Vidán y Juan Antonio Gilabert, respectivamente, que trasladará sus peticiones al Gobierno andaluz.
Las concentraciones, que transcurrieron sin incidencias, salvo en Cádiz, forman parte de la campaña «La movilización continúa» de CC.OO. y UGT, que llevará a celebrar una asamblea el día 21 con la presencia de los secretarios generales de ambos sindicatos, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez y a nuevas concentraciones los días 25 y 28 de enero.
Mientras, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, consideró «positivo» que «se escuchen voces favorables a la reordenación del sector público» emprendida por la Junta de Andalucía, ya que «esta ley es una vacuna contra la privatización».
La titular de la Presidencia incidió en que el objetivo de esta reforma es compatibilizar los derechos de los trabajadores del sector público con la garantía de prestar un mejor servicio al ciudadano. Por ello, dijo, «el Gobierno andaluz tiene muy claro que va a seguir adelante con esta reforma» la cual, insistió, se está tramitando en el Parlamento andaluz con la voluntad de escuchar a todo el mundo y de enriquecer la ley. No obstante, advirtió que «lo haremos con propuestas y no con descalificaciones generales como las que se han estado vertiendo estos últimos meses». A juicio de la consejera, «esta ley es una vacuna contra la privatización» y servirá para preservar un sistema público de los servicios básicos en Andalucía, por lo que se ha mostrado satisfecha con que se escuchen voces favorables a la misma desde el ámbito laboral y sindical como ocurrió ayer.
El PSOE, por su parte, tiene la intención de convocar mañana al PP y a IU para intentar un acercamiento de posturas sobre la polémica reordenación del sector público, si bien consideran los socialistas que la actitud para el diálogo de los populares es «escasa» al plantear la derogación del decreto. Mario Jiménez, portavoz parlamentario del PSOE, señaló que la responsabilidad de su formación es «abrir una vía» de diálogo con los demás partidos.
Exigencias
Sin embargo, Jiménez también exigió al presidente del PP-A, Javier Arenas, que, para impedir que se generen situaciones violentas durante el desarrollo de la campaña electoral por las elecciones municipales, condene las palabras de la plataforma de funcionarios que amenazó con boicotear actos electorales del PSOE-A. «No puede rasgarse las vestiduras con lo ocurrido en Murcia (en referencia al ataque al consejero de Cultura y Turismo) y estar estimulando aquí comportamientos violentos», apuntó.
Javier Arenas, previamente, había comentado que el PSOE «gana a distancia, con mucho» en «boicotear actos» a su partido y trasaladó su convencimiento de que si los socialistas «hubieran sido enérgicos desde el primer día con algunas cosas que ocurrían en Murcia, alguna cosas de las que han sucedido no hubieran pasado», precisó.
A su vez, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, manifestó que «el consenso en el caos del sector público que ha generado el PSOE» cada día se hace más imposible teniendo en cuenta «las actitudes agresivas, provocadoras e incendiarias de dirigentes del PSOE, que son capaces de llamar a los trabajadores de la Junta batasunos o fascistas». Sanz respondió así a la consejera Mar Moreno, que pidió al PP que no aliente a los funcionarios a adoptar posiciones radicales.
IU, por último, se mostró convencida de que sus enmiendas al proyecto de ley de reordenación del sector público contribuyen a «simplificar los problemas políticos y a pacificar el conflicto» generado entre funcionarios y empleados públicos. El portavoz parlamentario de IULV-CA en esta materia, Pedro Vaquero, expresó su satisfacción en rueda de prensa por que se haya acordado la ampliación del plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de ley.
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