Es más que paradójico. Mucho más que eso. Es, quizás, abominable. Abominable es comprobar que en una comunidad que sufre un 30% de paro y los rigores colaterales de una crisis sin precedentes, los mayores esfuerzos que hagan una Consejería como la de Empleo y un Gobierno al completo de la Junta sea espantar las moscas que se posan sobre los ERE supurantes. De esos ERE dudosos con que se pagaron a trabajadores de empresas en crisis que jamás pisaron aquel centro de trabajo. Así están las cosas. Un millón de parados en nuestra comunidad y la Junta gastando sus energías no en buscar soluciones estructurales a nuestra condena laboral, sino espantando sombras que se ciernen sobre la responsabilidad política de algunos de sus más altos directivos. Digo responsabilidad política. Y creo decirlo bien. La otra, la jurídica, se está investigando y yo no tengo nada que decir en ese asunto. Y menos con la juez Alaya de por medio. Esa bendita aparición en mitad de la noche oscura del alma política andaluza.
Pero a ver quién te dice que no hay lugar para el análisis político. A ver. ¿Quién la tiene tan de cemento para negártelo? Esa investigación política no se puede obviar, salvo que se prefiera por razones poco claras dejar pasar la ocasión y anestesiarla con el transcurrir de los días. En ese caso ganaría el lado oscuro. Y no la democracia ni la transparencia. El problema de todo este feo asunto es que la responsabilidad no puede desviarla el PSOE ni para Franco, ni para la Memoria Histórica, ni para el PP. PP e IU se han pronunciado por una investigación a fondo de lo ocurrido. En Andalucía no se forma una comisión de investigación desde 1995. Demasiado tiempo sin limpiar los cristales. Y la costra llega hasta la Consejería de Empleo, alcaldías y altos cargos. Es tan casposo este asunto que encaja perfectamente en el perfil investigador de Torrente.
Se ha conocido esta semana que Empleo disponía de un fondo de cerca de 700 millones de euros para ERE y prejubilaciones. Con ese dinero se han realizado ERE muy legales, otros muy sospechosos y otros que se están investigando. Mar Moreno anunciaba el otro día 37 nuevos casos de prejubilaciones irregulares detectadas por Empleo. Y pueden salir más. El problema político, en este momento, es saber cuánto dinero público se ha dispuesto para que llenaran sus bolsillos individuos que no pertenecían a esas empresas y estaban vinculados al PSOE. Por qué dichos individuos aparecen en esas empresas. En base a qué tipo de conocimientos, hermandad, filiación o milagro. Cuánto dinero se ha ido y quiénes montaron ese sistema de saltarse los controles administrativos de la Consejería para que el antiguo IFA (actual Idea) pudiera hacer más libre su trabajo.
Que la cuestión exige una comisión de investigación no lo pone en duda nadie. Salvo, hasta el momento, los afectados por las salpicaduras del charco. Yo no sé si el presidente Griñán se decidirá a explicarnos algo. Sí sé que un pleno parlamentario es darle una colleja en la frente a los ciudadanos, que aún creen que este sistema tiene vías de ventilación suficiente como para poder liberar oxígeno en un sistema político demasiado cerrado. La comisión de investigación es, como medida de higiene, lo mínimo que se le puede ofrecer a una comunidad tras este escándalo del corral de la Parrala. Un millón de parados no puede ver cómo con dinero público se juega con su presente para solucionar el futuro de algunos.
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