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La investigación detecta irregularidades en otros 24 ERE pagados por la Junta

Todas ellas habían sido gestionadas por Vitalia, vinculada con Lanzas

ROCÍO RUZ

m. contreras

La investigación de la presunta trama para apoderarse de fondos destinados a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ha localizado indicios de irregularidades en los expedientes referentes a otras 24 empresas que recibieron dinero de la Consejería de Empleo, lo que eleva a 39 el número total de presuntos ERE fraudulentos.

Según fuentes de la investigación, estos 24 nuevos casos fueron gestionados en su totalidad por la consultora Vitalia, la firma que siempre elegía el «conseguidor» Juan Lanzas para gestionar los ERE que el dirigente de UGT ofrecía a la Consejería de Empleo. Aún no se ha investigado los ERE gestionados por la otra empresa que se ha vinculado a la trama, Uniter.

La investigación de los ERE se inició a raiz del «caso Mercasevilla», al ordenar la magistrada del Juzgado de Instrucción número cuatro, Mercedes Alaya, investigar la inclusión, como aspirantes a la prejubilación, de María del Carmen Fontela González y Antonio Garrido Santoyo —quien coincidió con Juan Lanzas en la sección de Alimentación de UGT en Andalucía— en los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, pese a que ninguno de ellos pertenecía a la plantilla de la lonja.

Segunda empresa

Aquella fue la primera empresa afectada. Posteriormente, la Policía judicial detectó la inclusión en el ERE del restaurante Río Grande, situado en la calle Betis, de una mujer cuya vida laboral aportada por la Seguridad Social sólo contempla ocho meses de trabajo en esta empresa. Fue la segunda empresa vinculada con una trama que todavía era negada por la Junta de Andalucía , que restaba importancia a unas irregularidades que calificaba de errores. Los dirigentes socialistas consideraban que esta oleada inicial no era grave y no cuestionaba la vigencia del sistema que h estado vigente durante la última década.

El escenario cambió radicalmente cuando el que había sido director general de Empleo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, admitió en una declaración firmada ante la Policía la existencia de un «fondo de reptiles» de 647 millones de euros para determinados ERE de la Consejería de Empleo. Esta confesión, de la que luego se ha retractado Guerrero, motivó que el Gobierno andaluz abriese una apresurada investigación interna en la que, tras analizar 30 ERE «vivos» —vigentes—, se localizó doce empresas con irregularidades consistente en la introdución entre los beneficiarios de 37 personas que no habían trabajado en las respectivas empresas. Los doce expedientes fraudulentos correspondían a las firmas SOS Cuétara, Bonpunt, Cash Lepe, Cydeplast —donde aparece como beneficiario Rafael Rosendo, ex alcalde socialista de El Pedroso—, Graficromo —donde figura indebidamente Alejandro Millán, militante del PSOE—, Hitemasa —en cuyo ERE cinco personas próximas al PSOE y UGT se repartieron 709.000 euros, incluidos el propio Lanzas y su mujer—, Saldauto, Smurfit Stone, Calderinox —que incluye indebidamente a Juan Rodríguez Cordobés, ex delegado de Asuntos Sociales en Sevilla—, Surcolor, Springer, Arteferro y Germans.

Tercera oleada

Sin embargo, fuentes de la investigación señalan que los trabajos realizados han permitido detectar irregularidades en los ERE suscritos por la Consejería de Empleo en otras 24 empresas, lo que eleva a 39 el número de expedientes afectados, confirma la generalización del fraude y abre interrogantes sobre sus verdaderas dimensiones.

Las nuevas empresas son Aglomerados Morell, Astilleros Huelva, Azucareras Reunidas de Jaén, Acyco, A Novo, Altadis, Bilore, Ceramizas Syre, Confecciones del Sur, Coosur, Cuerotex, Delphi, Egmasa, Fertiberia, Fundiciones Caetano, Hytasal, Incosol, Intersur, La Instaldora Moderna, Mac Puarsa S.A., Matadero de Fuente Obeja, Tecnología Andaluza de mecanizados y componentes SL y Tioxide. No ha trascendido cuántos casos de beneficiarios irregulares se han detectado ni si destacan por su vinculación política o sindical.

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