Hazte premium Hazte premium

Los prejubilados de Mercasevilla denuncian por la vía social el ERE de 2007

La demanda va contra empresa, Ayuntamiento, Mercasa, Consejería de Empleo, la consultora Vitalia y la aseguradora, el Banco Vitalicio

ROCÍO RUZ

e. barba

También por la vía social. El grueso de los empleados de Mercasevilla prejubilados merced al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007, de cuyas prestaciones se ha desligado la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía , interpondrá el lunes en los juzgados de lo Social una demanda para de «reclamar los compromisos» de pago contenidos en dicho procedimiento, cuyo coste se eleva a algo más de 9 millones de euros y que figura en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en cuanto a la anterior gestión del mercado central de abastos. El presidente del comité de empresa de la lonja, Rafael Domínguez (CC.OO.), informó ayer a Europa Press de que 34 de los 47 prejubilados del ERE de 2007 firmaron durante la jornada de ayer viernes, con los abogados de las uniones provinciales de CC.OO. y UGT, la demanda a elevar a la vía social tras el fracaso de los actos de conciliación celebrados en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Cemac). El comité siempre se mostró contrario a trasladar el asunto a la vía penal, especialmente por la lentitud de la misma —contraproducente para la delicada situación financiera de los afectados—, de manera que han optado finalmente por este sistema de denuncia.

La demanda, según se precisó desde el comité, se dirige contra el propio mercado central de abastos, el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa como máximos accionistas, la Consejería de Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio y la consultora Vitalia Vida, encargada de realizar los cálculos de costes de trabajadores. El Banco Vitalicio, a través de su división de Seguros Colectivos, fue contratado por Mercasevilla para las pólizas correspondientes a las prestaciones reconocidas en el marco de este ERE, mientras la consultora Vitalia, de otro lado, fue contratada por la compañía controlada por el Ayuntamiento para las labores de gestoría y asesoramiento de los trámites administrativos correspondientes a dicho procedimiento. Esta última empresa es una de las sociedades investigadas por el Juzgado de Instrucción 6 por su relación con la trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en los expedientes de reestructuración de plantillas de al menos una docena de sociedades de la región.

El caso de Garrido Santoyo

De hecho, en este expediente de regulación de empleo fue prejubilado el ex miembro de la ejecutiva socialista de Baeza Antonio Garrido Santoyo , quien jamás ha formado parte de la plantilla del mercado central de abastos y quien había sido detenido en el marco de estas actuaciones. En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos sevillano , cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por un total de 47 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus prestaciones han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por la juez Mercedes Alaya. Para ser más precisos, la investigación del ERE de 2007 se incluyó en las diligencias relativas al posible delito societario perpetrado, siempre supuestamente, por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce , imputados tanto en estas actuaciones como en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales y las posibles irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado.

Y es que aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la «conformidad» de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de varios trabajadores de Mercasevilla acogidos este segundo ERE del mercado, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera , advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero, fueron «meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio». O sea, que no hubo tramitación alguna, según la Junta, que insiste en desligarse de este segundo plan de prejubilaciones.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación