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La inactividad municipal cuesta cara a los ciudadanos

El Ayuntamiento tuvo que indemnizar con 24.000 euros a una vecina afectada

A. E. Y.

La inactividad del Ayuntamiento ante los perjuicios que sufren los vecinos por los ruidos ha costado ya caro a los ciudadanos pues, entre otros casos, el Gobierno local fue condenado a pagar 24.000 euros a una vecina por las molestias que durante tres años le causó una botellona, la mayor indemnización concedida en España por este tipo de problemas. El juzgado de lo Contencioso 5 de Sevilla consideró que el Ayuntamiento incurrió en una dejación de funciones por no actuar pese a las reiteradas denuncias y llamadas a la Policía de los vecinos y pese a tener el «amparo legal» para hacerlo. La vecina, residente en la Ronda de Capuchinos, sufrió al menos durante los años 2004, 2005 y parte de 2006 la presencia de dos discotecas y de una «botellona» en la calle, donde la propia Policía Local llegó a contabilizar a 750 personas, muchas de ellas haciendo ruido a menos de un metro del dormitorio de la denunciante.

La sentencia recogía la situación creada por los «gritos, reyertas, coches-discoteca, vomitonas, olor a orines y gran cantidad de botellas y bolsas en el suelo» que se mantenía hasta las cuatro de la madrugada y, «en el caso de los más recalcitrantes, hasta las siete» desde el jueves al sábado de todas las semanas.

Al igual que ocurre ahora, sobre las siete de la mañana la empresa de limpieza municipal Lipasam empezaba a recoger las cientos de botellas que quedaban por el suelo y «producía más ruidos que los jóvenes, pues en vez de limitarse a recogerlas las rompía en el acerado con mazas de madera para luego absorberlas», decía la sentencia.

La juez estimó que la demandante padeció un daño moral doble, pues junto a la vulneración de su intimidad sufrió «la impotencia de ver que las fuerzas del orden, que tienen el deber de velar por su integridad, no ponían fin a la agresión, pese a su evidencia y reiteración».

En el juicio, el Ayuntamiento alegó que, antes de la llamada Ley Antibotellón de 2006, carecía de mecanismos para actuar, pero la sentencia respondió que debería haberlo hecho en virtud de su propia Ordenanza de Ruidos, la Ley del Ruido estatal y la Ley de Bases de Régimen Local. De hecho, cuando la Policía se personaba en la zona tenía orden de no disolver a los jóvenes concentrados junto a la casa de la afectada.

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