Desde que José Antonio Viera dirige a los socialistas de la provincia de Sevilla, las expulsiones del partido de aquellos militantes inmersos en los diversos casos de corrupción que se han producido en los últimos años han sido relativamente inminentes.
Pero hasta ahora las irregularidades no habían sido imputadas de forma directa a ningún miembro del primer escalafón del PSOE. Todas las suspensiones de militancia practicadas se han producido sobre socialistas que tenían cargos directivos en empresas públicas o asesoraban a los primeros espadas. Sin embargo, cuando la Justicia ha puesto el foco en cargos de alto nivel en las instituciones y en el propio organigrama del partido, la actitud ha sido bien distinta.
El caso del ex delegado de Empleo de la Junta y ex alcalde de Camas, Antonio Rivas, lo demuestra. Desde los comienzos de la instrucción de la primera rama del caso Mercasevilla, la del intento de cobro de comisiones ilegales, Rivas ha permanecido en todos sus cargos orgánicos hasta el pasado domingo a pesar de su imputación. Es más, mantuvo su puesto en la Consejería de Empleo durante un año después de ser imputado, ya que no dimitió hasta abril de 2010 y porque la juez le confirmó su acusación de cohecho. No obstante, la cúspide del PSOE andaluz en pleno le apoyó públicamente.
Viera incluso acusó al PP de hacerle una campaña de difamación. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, defendió su inocencia. Y Susana Díaz le mostró su respaldo hasta hace apenas una semana. Rivas, el delegado de Empleo en Sevilla que llegó al cargo de la mano de su gran amigo Viera, con el que mantenía un estrecho vínculo desde su etapa como alcalde en Camas, era una pieza que el PSOE no estaba dispuesto a sacrificar. Y sólo ante la confirmación de acusación por parte de la Fiscalía se ha accedido a suspenderlo de militancia. Al fin y al cabo, él era el nexo de la trama con la Junta en aquella frase célebre de la grabación que dio origen al caso Mercasevilla: «La Junta colabora con quienes colaboran». Y los socialistas tenían claro que había que hacer un cortafuegos que excluyera a su cargo en la administración andaluza.
La estrategia cobra mucho más sentido cuando se divisa desde la distancia que da el tiempo. A Fernando Mellet y Daniel Ponce, los dos directivos de la lonja que protagonizaron la grabación y que eran militantes de la agrupación Macarena, se les expulsó del partido en cuanto ABC publicó el caso. La Junta y el Ayuntamiento conocían el escandaloso contenido de la cinta desde hacía dos meses, pero no habían hecho nada salvo permitir que Mellet dimitiera por «razones personales» y aplaudir su supuesta gran gestión en Mercasevilla. Sin embargo, en cuanto la trama se destapó mediáticamente, antes incluso de sus imputaciones judiciales, Mellet y Ponce fueron expulsados del PSOE. Rivas, citado en la grabación e imputado poco después que éstos, permaneció en todos sus cargos.
Pero la cosa siguió. Cuando la juez Alayaabrió la segunda rama del caso, la de la venta del suelo, fue imputado también el asesor de Monteseirín y director municipal de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, otro militante de la agrupación Macarena. Su expulsión del partido fue súbita. El cortafuegos del PSOE empezaba a dibujarse con nitidez. Caerían todos los afiliados con responsabilidades menores para hacer buena su teoría de que los autores de todo eran «una cuadrilla de cuatro sinvergüenzas» que engañaron a la administración pública. Castaño ya estaba fuera, sin cierre de instrucción ni acusación de la Fiscalía, pero Rivas se mantenía en su sitio.
Y entonces llegó el escándalo de los ERE. El PP descubrió en noviembre del año pasado que en el ERE de 2007 de Mercasevilla se había colado un miembro de la agrupación socialista de Baeza, Antonio Garrido Santoyo, pese a que jamás trabajó en la lonja. Santoyo, por cierto, tuvo que entregar el carné del partido esa misma noche pese a que, de momento, sólo se trata de una denuncia política y la juez ni siquiera lo ha imputado. Pero Rivas seguía siendo intocable y objeto de los elogios de sus compañeros del partido.
Viera le mantenía sus alabanzas hasta que la investigación nos alumbró a otro de sus hombres de confianza durante años, Javier Guerrero, el director general de Trabajo de la Junta que confesó a la Policía la existencia de un «fondo de reptiles» para pagar las prejubilaciones de forma totalmente discrecional. Hasta ahora, Guerrero sólo ha declarado ante la Policía y de manera voluntaria. No está imputado ni ha sido incluido en las detenciones policiales practicadas. Simplemente ha desvelado una presunta irregularidad de la que aún no se le acusa oficialmente. Pero el PSOE también lo ha expulsado de forma rotunda varias semanas antes de que se haya marchado Rivas por iniciativa propia tras ser señalado por la Fiscalía y haberse detectado otro intruso en un ERE, García Prieto, que era miembro del partido en Camas y su mano derecha en su etapa municipal. Ahora Antonio Rivas dimite, no lo echan, y los máximos responsables del socialismo andaluz alaban su gesto de honradez. La Justicia ha cambiado el trazado del cortafuegos del PSOE, que ya llega a la Junta, y de paso ha dejado al aire las costuras internas del partido y su doble cara con los presuntos corruptos.
Ayer, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, lanzó un mensaje llamativo en este sentido al referirse al caso del «intruso» del PSOE de Camas, García Prieto, en el ERE de Intersur: «Nadie podrá decir nunca que la Junta tapó o protegió a ningún aprovechado, con carné o sin carné, del PSOE, del PP o de lo que sea. En este caso se irá también a los tribunales y la Junta reclamará hasta el último céntimo». Mientras, tildaba la dimisión de Rivas como «adecuada y diligente» y le recordaba que el partido suele readmitir a sus militantes que superan con éxito las causas judiciales. El doble discurso es flagrante. Con Viera al frente de los socialistas sevillanos, tuvieron que devolver sus carnés de militancia José Marín y José Pardo, ambos condenados por el caso de las facturas falsas de la Macarena, y Ángel Cervera y Ángeles Nevado por el caso Unidad. Jamás se apuntó más arriba. Porque la vara de la honradez del PSOE de Sevilla nunca mide las implicaciones de los altos cargos.
