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Pajín anuncia para mayo la polémica ley de muerte digna

La ministra elude hablar de eutanasia en una respuesta en el Senado

N. RAMÍREZ DE CASTRO

Llegará tarde, pero llegará. La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha anunciado en el Senado que presentará durante «las primeras semanas del mes de mayo» la polémica Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna. El texto llegará con un par de meses de retraso sobre el plazo previsto por el Gobierno, mientras otras Comunidades autónomas (Andalucía, Navarra y Aragón) no esperaban y legislaban por su cuenta.

Pajín respondía así al senador del Grupo Mixto Francisco Javier Tuñón quien le pedía además que «aprovechara la oportunidad» para abrir el debate sobre la despenalización del suicidio asistido y la eutanasia. La ministra insistió en que el texto definitivo está muy avanzado y se refirió a la «obligación ética» de mejorar la calidad y el acceso a los cuidados paliativos, «un derecho de la ciudadanía y no un privilegio». Pero no se atrevió a referirse ni a pronunciar la palabra eutanasia, como le planteaba el senador del grupo mixto. Sí dijo que «a la realidad hay que hacerle frente y este Gobierno no va a dejar de hacer las cosas aunque sean complejas. Una vez cumpliremos nuestra palabra».

Caso aragonés y andaluz

A pesar de estar en el programa electoral del PSOE, el Gobierno ha insistido en que la nueva legislación no regulará la eutanasia. Pero los grupos provida no se fían. Tampoco el Partido Popular, que teme que la ley «abra la puerta» al suicidio asistido. Lo recordaban después de que Aragón siguiera los pasos de Andalucía y aprobara su propia normativa. «Es una trampa hacia la eutanasia», no dudaron desde el PP aragonés. El texto salió adelante con los votos del PSOE, Chunta y PAR.

Como su antecesora, la ley aragonesa regula el derecho de los enfermos terminales y garantiza que los profesionales sanitarios pueden atenderles con seguridad jurídica y sin miedo a que se repitan situaciones como las sedaciones del Severo Ochoa de Leganés. Pero la normativa aragonesa va más lejos que la andaluza: prevé sanciones para quien no la aplique y el derecho de los menores (mayores de 14 años) a hacer testamento vital. Tampoco recoge la objeción de conciencia, algo que no gusta al colectivo médico.

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