EFE
El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo
La Confederación Sindical de Comisiones Obreras anunció ayer una investigación interna para esclarecer si las direcciones estatal y andaluza tuvieron conocimiento a mediados de 2009 de posibles irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) de Málaga y frenaron las medidas propuestas desde esta provincia para aclararlas, tal y como informó ayer ABC. En un comunicado, el sindicato aseveró que en caso de que se demostrasen «actuaciones irregulares» en este sentido, «adoptará las medidas disciplinarias oportunas».
La noticia publicada ayer, elaborada tras consultar fuentes de CCOO, explicaba que la Federación de Industrias, Textil, Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de Málaga propuso en julio de 2009 indagar sobre posibles irregularidades detectadas en algunos ERE, que ahora están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, aunque las direcciones regional y federal paralizaron cualquier movimiento en este sentido. Según las mismas fuentes, la ejecutiva regional habría incluso amenazado con descabezar a esta sección si continuaba adelante con su denuncia.
La Confederación Sindical, que emitió su nota de acuerdo con CCOO de Andalucía, se defendió ayer con que «las primeras informaciones» recabadas apuntan a que esos hechos «no se corresponden con la realidad», aunque inmediatamente después precisó que se ha abierto una investigación interna «con la finalidad de esclarecer los hechos denunciados» y, en caso de que se detectara alguna conducta anómala, adoptar medidas disciplinarias.
Esas supuestas irregularidades en Málaga harían referencia a la presencia de posibles intrusos y salarios multiplicados en los ERE de las textiles Hitemasa, que tuvo dos expedientes de regulación de empleo antes de cesar su actividad en 2004, y Bonpunt, según las fuentes consultadas.
El sindicato apuntaló ayer su papel en el asesoramiento y negociación de los expedientes de regulación de empleo. «Es una función legalmente regulada y, en todo caso, es un derecho de nuestros afiliados y un deber de la organización con la finalidad de conseguir las mejores condiciones y dar seguridad y garantías a los ingresos futuros de los trabajadores afectados», afirmó.
Sobre la comisión de entre el 0,5 y el uno por ciento que cobrarían indirectamente CCOO y UGT de los expedientes de regulación de empleo que financia la Junta, que se ha conocido a lo largo de la instrucción judicial por la trama de los ERE, Comisiones aclaró que habitualmente «canaliza» las labores de asesoramiento a los representantes de los trabajadores a través de Atlantis Asesores, participada por este sindicato en un 20 por ciento y perteneciente al grupo Atlantis Seguros, que tiene como accionistas mayoritarios a las mutuas francesas MAIF y MACIF.
Según las explicaciones de CCOO, Atlantis Asesores realiza funciones de consultoría y correduría de seguros con especialización en planes de prejubilación, además de trabajar normalmente con múltiples empresas.
