En los expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Compañía Minera del Marquesado los posibles fraudes se cometieron por partida doble. La Junta no sólo pagó 4,5 millones de euros entre 2009 y 2010 para prejubilar a trabajadores de una empresa que no tenía actividad desde finales de 2006, sino que, para rizar más el rizo de las irregularidades, dos de las personas que se beneficiaron de las bajas laborales incentivadas no habían trabajado nunca en esta sociedad. Es decir, no tenían ninguna relación laboral con la firma, que fue fundada en 1998 por un grupo de antiguos mineros del yacimiento de hierro de Alquife (Granada), cerrado desde octubre de 1996.
Fuentes del Gobierno andaluz confirmaron que dentro de los sucesivos ERE de la sociedad a los que se acogieron los ex mineros aparecen dos de los 72 intrusos que ha encontrado la Consejería de Empleo durante la investigación interna realizada coincidiendo con la instrucción del caso de las jubilaciones anticipadas fraudulentas.
Las pesquisas judiciales las lleva a cabo la titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, quien elevó a 75 el número de falsos trabajadores. El escándalo, que ha tenido también su secuela política —con altos cargos imputados como el anterior consejero de Empleo, Antonio Fernández, incluido a su vez en otro ERE—, ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de José Antonio Griñán.
Tal y como avanzó ayer ABC, la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) destinó 4,48 millones a costear expedientes de regulación de empleo en la citada compañía, fraccionados en nueve pagos, con cargo al denominado «fondo de reptiles», una partida de ayudas a empresas en crisis que manejó 647 millones entre 2001 y 2010. Lo llamativo en este caso es que la empresa figura como «inactiva» en el Registro Mercantil.
Las reacciones no se han hecho esperar. El secretario general de Comisiones Obreras en Granada, Ricardo Flores, mantuvo ayer que la «última gestión» que hizo su sindicato con los trabajadores de las minas de Alquife fue en 1997. En rueda de prensa conjunta con IU y preguntado por la información publicada ayer por ABC, Flores señaló desconocer si se produjeron expedientes de regulación posteriores a esa fecha, si bien tanto su sindicato como UGT estuvieron presentes en las negociaciones a través de sus delegados laborales.
CC.OO. se desvincula
Tras la finalización de la actividad de la minera del Marquesado del Zenete granadino, «si la cooperativa que se hizo cargo» de su gestión «ha planteado algún ERE, no tenemos ni constancia ni conocimiento», afirmó Flores quien añadió que «en la prensa últimamente aparecen cosas que en el interno de la organización desconocemos». Sobre si los intermediarios de los sindicatos recibieron alguna comisión por la tramitación de estos expedientes de regulación de empleo, también dijo desconocerlo.



