El Brujo acusa a Cultura de hacer «contratos aberrantes y abusivos»
El actor asegura que el Ministerio no le deja reponer «El Evangelio según San Juan»
D De «aberración política» califica Rafael Álvarez «El Brujo» el contrato que le liga al Ministerio de Cultura y que pone en peligro el reestreno de su espectáculo «El Evangelio según San Juan» en Madrid. La historia comenzó en abril de 2009, cuando la empresa del actor firmó con el Inaem (que dirigía Juan Carlos Marset) un contrato de coproducción para la puesta en escena del espectáculo. La obra se estrenó en Mérida en julio de 2009 y en septiembre de 2010 se presentó en el María Guerrero. El actor ha querido recuperar el montaje, pero se ha encontrado con un contrato que le impide, según una de sus cláusulas, presentar la obra en cualquier teatro de Madrid que no sea el María Guerrero. Hay en él, asegura El Brujo, «una indefinición jurídica y un par de cláusulas que podrían ser contra derecho». La cláusula a la que se refiere el actor determina que «la empresa no podrá contratar representaciones de la versión de la producción referida en ningún teatro de Madrid capital durante la
vigencia del presente convenio». «La vigencia —denuncia el actor— es indefinida». «El presente convenio —reza el contrato— permanecerá vigente desde el mismo día de su firma y mientras la producción objeto del mismo siga en explotación por alguna de las partes implicadas». Esta es, añade El Brujo, «una de las cláusulas que podría invalidar jurídicamente el contrato». Las cuentas, según El Brujo, son las siguientes: «El Ministerio aportó 30.000 euros a la producción, teóricamente un 30%, aunque costó unos 190.000 euros.
D En contrapartida, en el María Guerrero se me contrató con un caché de 6.000 euros más iva diarios. La recaudación del teatro, que estuvo las últimas semanas prácticamente lleno, era de 12.000 euros diarios. En Mérida se nos daba 15.000 euros por función, y lo que recaudó el espectáculo durante su exhibición fue 200.000 euros. Así que en ese sentido está rentabilizado. Por el contrario, yo tengo que pagar cada vez que se represente en cualquier punto de España, y de manera indefinida, un canon de 300 euros al Ministerio». Dice el actor que firmó este convenio con el anterior director general, Juan Carlos Marset, que me dijo que no me preocupara. Me confié, pero luego hubo un cambio de director general, y el actual, Félix Palomero, no quiere escuchar». El actor ha realizado, para poder estrenar la obra, una nueva producción. «Eso me ha supuesto una mayor inversión. Yo no tendría inconveniente en hablar para llegar a un acuerdo económico. He escrito al director general del Inaem y a
la ministra, pero se me ha dicho que no hay entrevista para hablar de esto». El contrato, concluye, «resulta abusivo para las compañías privadas, lesivo para los derechos de autor del creador y contra los intereses de la cultura y del público».
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