La Junta de Andalucía sigue adelante y el sistema de acceso a la función pública en la Administración general (excepción de los docentes y del personal sanitario) será por oposición y no por concurso-oposoción. La principal consecuencia de esta imposición es que los trabajadores interinos que han superado pruebas y carecen de plazas, más de 2.000 según fuentes sindicales, tendrán que partir de cero y no podrán aportar méritos (experiencia y cursos) en los futuros exámenes, lo que hasta ahora les valía como máximo un veinte por ciento de la totalidad de los puntos.
La mesa sectorial de la función pública, reunida ayer y en la que están representados la Junta (Consejería de Hacienda y Administración Pública) y los sindicatos CSIF, Safja, Ustea, UGT y CC.OO. no deparó sorpresa alguna en cuanto al capítulo del sistema de acceso al funcionariado en Andalucía.
Así, en la oferta de empleo correspondiente a 2010 para los grupos C1, C2, A1 y A2 queda eliminado el concurso oposición, medida que rechazan todos los sindicatos excepto Safja, si bien este último, aunque ha reinvindicado siempre el procedimiento de oposición libre, en estos momentos considera que su implantación es precipitada, indicó a este ABC su presidente, Alfredo Pérez.
La decisión de la Junta, a la que no se puede objetar desde el punto de vista legal, no ha cogido por sorpresa a nadie porque todas las organizaciones sindicales son conscientes de que el cambio se iba a producir más pronto que tarde. No obstante, los colectivos críticos con el proceso de reordenación, la «ley del enchufismo», CSIF y Safja, además de Ustea, llamaron la atención sobre el hecho de que haya coincidido «con la entrada por la puerta de atrás» de unos 20.000 externos procedentes de la Administración paralela, que no han superado proceso selectivo alguno .
Tabla rasa
Alicia Martos, de CSIF, criticó la «imposición» y en línea con lo manifestado a ABC el domingo puso ayer especial énfasis en subrayar el perjuicio que se les ocasiona a los trabajadores interinos, con los que se hace «tabla rasa». Safja, aunque a favor del cambio de modelo, criticó la forma en que se ha hecho en este momento, «en contra de casi todos los sindicatos y con escasa negociación».
En lo que sí hubo unanimidad sin paliativos fue en el rechazo sindical al nuevo examen para los grupos A1 y A2, tipo oral, con la lectura de la prueba desarrollada por escrito, y que prevé también que la comisión de selección, el tribunal, pueda efectuar preguntas al opositor, con lo que según los sindicatos se suprime el anonimato y se puede incurrir en valoraciones subjetivas y, en último extremo, los aspirantes serían víctimas de la imparcialidad.
Por otra parte, en la reunión de ayer se abordó la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de dos nuevas agencias, la de Servicios Sociales y Dependencia, de la Consejería de Igualdad, y la de Gestión Agraria y Pesquera, de la Consejería de Agricultura. Todos los sindicatos, excepto UGT se opusieron. Hasta CC.OO., «aliado» de los ugetistas en la reordenación impulsada por la Junta, puso objeciones porque quiere saber «cómo quedan las RPT de todas las agencias», informa Ep.
Para CSIF, resulta llamativo que se pretenda modificar la RPT sin haber aprobado antes los estatutos de las agencias ni los protocolos de integración y además introduciendo bastantes puestos de libre designación, es decir, «a dedo». Este extremo será objeto de recurso. Safja también indicó que la modificación de RPT «ha seguido un trámite ilegal, pues no se han llegado a publicar ni abordar en Consejo de Gobierno, y se han modificado antes de aprobarse los estatutos, cuando se trata de puestos de libre designación», por lo que también este sindicato recurrirá la modificación, así como los estatutos y los protocolos de integración y todas la disposiciones que dimanen de las agencias.
