El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero (1999/2008), imputado en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla sobre la posible trama de prejubilaciones fraudulentas incentivadas con fondos autonómicos, declaró a la Policía Judicial que el actual diputado andaluz del PSOE por Sevilla Ramón Díaz y él mismo llevaron la negociación relativa al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral Saldauto. En este ERE la Consejería de Empleo halló «intrusos», es decir, personas que nunca habían trabajado en esta empresa.
Díaz, que se convirtió en diputado el 2 de febrero pasado, asesoró a Guerrero en los ERE. Fue contratado a través de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), dependiente de la propia Consejería de Empleo, como experto en Recursos Humanos. Hombre de la máxima confianza del secretario provincial de Sevilla, José Antonio Viera, que en los últimos meses había trabajado asesorando incluso al candidato a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas.
Guerrero se ha desligado de las tres prejubilaciones fraudulentas detectadas en la póliza de seguro de rentas asociada a este procedimiento. La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647 millones de euros los últimos años.
Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Gracias al ERE de Saldauto, accedieron a prejubilaciones tres personas que no formaban parte de la plantilla, según informa Europa Press.
Guerrero reconoció el pasado 11 de marzo a los investigadores que Ramón Díaz Alcaraz como su «asesor» y él mismo «negociaron» con Saldauto aquel procedimiento, aunque según aseguró, «a esta empresa se le dio el mismo trato que al resto de empresas en crisis, esto es, ayudas sociolaborales a los despidos».
Jesús María Bordallo Rodríguez, directivo de la consultora de previsión social Vitalia Vida, por su parte, declaró a la Policía Judicial que Guerrero y Ramón Díaz en calidad de «asesor» le «indicaron» en 2007 que «había que meter» a dos personas en el ERE impulsado por Saldauto, pese a que ninguno de ellos formaba parte de la plantilla. Díaz, según figura en el atestado policial sobre la declaración de este directivo de Vitalia Vida, «habló personalmente con él solicitándoselo».
